Chile. Reforma que autoriza a afiliados a las AFP el retiro de la totalidad de sus ahorros ingresa al Senado.

La moción, patrocinada por los Senadores Iván Moreira y José Miguel Durana, modifica la Constitución para permitir, entre otras cosas, que los afiliados con menos de dos millones ahorrados puedan retirar la totalidad de los fondos.

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Los autores explican que el sistema de administración de los Fondos de Pensiones contenido en el D.L. 3500, está basado en la capitalización individual, siendo privada la administración de dichos fondos. Así, señalan, cada chileno afiliado al sistema de capitalización individual tiene la propiedad de sus recursos, aunque destinados a un fin específico.

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El sistema, añaden, le otorga al cotizante ciertos grados de libertad, dado que una persona puede escoger entre 5 tipos de fondos de acuerdo al nivel de riesgo que quiera enfrentar, además de entregar la posibilidad de cambiarse de Administradora, ya sea por un tema de rentabilidad, cobro de comisiones o simplemente mala atención.

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La libertad de administración, estiman, es un elemento esencial del sistema de capitalización individual, por lo que es deber de todos los poderes del Estado la protección de los fondos.

En ese sentido, connotan, se encuentran en tramitación diversos proyectos de reforma constitucional que buscan nacionalizar los fondos de pensiones, es decir, quitar la administración de los mismos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones y traspasarla a un ente público o estatal único con características aún por determinar.

Esto, observan, ya ha ocurrido en otros países de la región y los resultados han sido insatisfactorios, ya que los fondos se han usado no para invertir y generar rentabilidad a los cotizantes, sino que para comprar deuda pública y de esa forma financiar gastos del Estado.

En Argentina, ejemplifican, por ley las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión se vieron obligadas a traspasar los fondos de los cotizantes a una Administradora Estatal, la cual destina dichos recursos a préstamos realizados al propio Estado, Provincias y Municipios, lo que terminó generando una pérdida del 40% de los fondos, equivalente a 26 mil millones de dólares.

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