Durante los últimos dos años la industria previsional ha estado en el ojo del huracán, fenómeno que se desencadenó el 24 de julio de 2016, cuando la coordinadora No+AFP logró reunir a más de 750 mil personas en todo el país para protestar por el fin del sistema de capitalización individual. De ahí en adelante, pese a que las siguientes marchas fueron perdiendo adherencia, el comportamiento de las administradoras está bajo la lupa de la ciudadanía.

De hecho, la preocupación por la supervisión al trabajo de las AFP llevó a que uno de los proyectos previsionales ingresados por el Gobierno, y que hoy están a la espera de ser discutidos en el Congreso, es precisamente un texto que incorpora mayor regulación a las administradoras.

Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, en el último año se han curso 34 multas a las administradoras de fondos de pensiones, lo que se traduce en UF9.000 (unos $241 millones), dinero que es considerado de beneficio fiscal. De manera desagregada, en mayo Habitat recibió la mayor de las sanciones, por UF 2.000, por un error en el cobro de las comisiones sobre depósitos convenidos, el que fue reconocido por la administradora y que, además, se tradujo en la restitución de US$1,6 millones a una serie de afiliados de la AFP.

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