A partir de las décadas de los 80 y 90 la mayoría de los países de América Latina iniciaron el camino para sustituir los sistemas previsionales de reparto que eran demográficamente insostenibles y, por estar influenciados por presiones políticas, injustos y regresivos. En su reemplazo, establecieron sistemas basados en la capitalización individual, en que los trabajadores financian sus pensiones con sus propios ahorros.

Las altas tasas de rentabilidad obtenidas con la inversión de los recursos de los trabajadores que hicieron las administradoras (7,2% real anual en promedio) ha llegado incluso a triplicar los aportes. Esto, como concluyó la Comisión de reforma del sistema chileno en 2008 que presidió el actual presidente del Banco Central de Chile, permitiría obtener pensiones similares a su sueldo a todos aquellos que cotizaron regularmente. Lamentablemente, en un significativo porcentaje ello no ha sido posible, debido a los altos índices de informalidad, que en América Latina alcanzan el 54%. Sin embargo, la solidez del sistema ha creado las holguras necesarias para financiar un primer pilar no contributivo y así solventar las pensiones de los sectores más necesitados.

Adicionalmente, el sistema ha hecho un aporte significativo al desarrollo de los mercados de capitales de los países donde está vigente. Un estudio académico para Chile, Colombia, México y Perú[1], muestra que, de la tasa de crecimiento del PIB, entre un 7% y un 12% se explica por el proceso de ahorro e inversión de los recursos de los trabajadores.

Pero el fuerte incremento de las expectativas de vida, agravado por las elevadas tasas de informalidad que reduce el período de cotizaciones, sumado a la caída de la tasa de interés, hacía necesario un esfuerzo para aumentar el ahorro.

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