La primera vez que se habló en el Congreso de retirar por única vez el 10% de los fondos de pensiones fue en marzo de 2020. Los proyectos fueron declarados inadmisibles a fines de ese mismo mes. Pero luego, el 20 de abril, ingresó un proyecto a la Cámara de Diputados en otro formato: una reforma constitucional, la que se acogió a tramitación.

De ahí en adelante, la presentación de reformas constitucionales para autorizar retiros desde las AFP no se ha detenido. En el gobierno anterior se aprobaron tres reformas de este tipo y se rechazó una, mientras que durante este gobierno se han rechazado ya dos retiros. La última vez que los parlamentarios le cerraron la puerta fue el pasado 7 de junio, cuando se rechazó la idea de legislar, por lo que no se podrá volver a tramitar una iniciativa de este tipo sino hasta mediados de 2024.

De los tres giros que se han aprobado, el primero, que permitió un retiro “excepcional” de los fondos, fue sin duda el más expedito: tardó 23 días en ser despachado del Congreso. Las tres mociones refundidas para retirar fondos se empezaron a tramitar en la Comisión de Constitución de la Cámara el 1 de julio y tan pronto como el 23 de julio el Parlamento le dio el último visto bueno. Así, se convirtió en ley el 30 de julio de 2020.

En la antesala del primer retiro, el 55% de la población estaba en cuarentena, el gobierno había entregado US$1.749 millones mediante el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y hubo cacerolazos presionando por la aprobación de la reforma.

A tres años de ese hito, las advertencias que hicieron las autoridades desde sus distintos ámbitos se han ido haciendo realidad, como la mayor inflación y el alza de las tasas de créditos hipotecarios. Los economistas advierten hoy un deterioro en el mercado de capitales y en las pensiones, y ninguno de ellos se ha recuperado totalmente luego de los tres giros.

“Toda la discusión previa, hasta la aprobación del primer retiro, es un periodo que habrá que recordar hacia adelante. Primero, porque, como lo mencioné, desde que emergió la primera discusión, tempranamente en 2020, no se podía permitir un retiro porque con ello se abría una puerta que era muy difícil de cerrar. Frente a una realidad dura, que significó la pérdida de dos millones de empleos al mes de julio de 2020 y con la consiguiente caída enorme en los ingresos de los hogares, en vez de reaccionar rápidamente con una transferencia de ingresos masiva desde las arcas fiscales, se echó mano a los recursos que los chilenos tienen para sus pensiones futuras”, recuerda David Bravo, economista que encabezó la comisión que se creó en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet para reformar el sistema de pensiones.

El efecto en pensiones

Las AFP retiraron US$ 51.644 millones de los fondos de pensiones que estaban invertidos en su mayoría en el mercado de capitales, tanto local como internacional, para entregárselos a 11,3 millones de afiliados. Por el primer retiro desembolsaron US$19.389 millones para 11,1 millones de afiliados. Por el segundo giro se pagaron US$16.582 millones a 9,3 millones de afiliados. Y en el tercer proceso fueron US$15.673 millones, a 8,8 millones de afiliados. Por otro lado, las compañías de seguros de vida pagaron US$1.245 millones a sus pensionados, provenientes de las rentas vitalicias.

De esta manera, según cálculos de la Superintendencia de Pensiones, en un año y medio las personas afiliadas al sistema retiraron aproximadamente un 25% de los saldos acumulados antes del primer retiro y que estaban destinados a sus pensiones futuras. A julio de 2020 había cerca de US$ 217 mil millones en los fondos de pensiones.

Además, fueron más de cuatro millones de personas las que se quedaron sin saldo en sus cuentas producto de uno o más retiros, lo que representa un 36,6% de quienes pidieron retiros de fondos.

“Para incrementar las pensiones necesitábamos más ahorro y recursos, pero esto fue un retroceso inmediato”, dice Bravo, actualmente director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC. Y explica que para dimensionar “la magnitud del retroceso, puede considerarse que en un año, todos los cotizantes juntos, con su 10% obligatorio, acumulan US$10 mil millones. Es decir, recomponer esos ahorros requeriría cinco años cotizando por un 10% adicional, o más tiempo con la cotización obligatoria”.

Por eso mismo, agrega, “estos recursos no se han recuperado porque no estamos ahorrando más vía cotizaciones. Lo que sí tenemos es algo importante, pero al mismo tiempo peligroso: la Pensión Garantizada Universal (PGU). La PGU es un piso que se va a hacer cargo de parte de la pérdida de los retiros, pero a cambio de recursos que todos tendremos que pagar hacia adelante. Es fundamental que todo el financiamiento de la PGU sea transparente y se garantice su sustentabilidad”.

La economista y presidenta ejecutiva de Espacio Público, Paula Benavides, comenta que “a tres años de la primera de esas leyes, los resultados muestran lo perjudicial que han sido los retiros para el objetivo de pensión. Mientras que a junio de 2020 los fondos para financiar pensiones representaban 81,7% del PIB, a mayo de 2023 representan sólo 56,1% del PIB. A los efectos de los retiros se han sumado también los bajos retornos de la mayoría de los fondos desde 2022 y una normalización al alza del número de nuevos pensionados. Así, junto con un mayor número de personas que sólo recibirá la PGU, desde 2022 se observa una caída en el monto promedio anual de la pensión autofinanciada de los nuevos pensionados de vejez”.

Benavides señala que “los efectos de los retiros no son algo puntual, acompañarán en el tiempo a varias generaciones que verán disminuidas sus pensiones. Su efecto además será mayor para individuos en grupos más vulnerables como mujeres y jóvenes y en afiliados con bajos ingresos, densidad de cotizaciones y ahorros acumulados”. Y dice que “para recuperar los montos de pensión sosteniblemente y atenuar las brechas que se acentuaron, es necesario avanzar en una reforma de pensiones que permita fortalecer el ahorro previsional y que contemple elementos de solidaridad”.

Según cálculos de la Superintendencia de Pensiones, “considerando los tres retiros, el monto de las pensiones autofinanciadas caería en promedio un 28,3%. Además, recuperar el saldo perdido producto de los retiros tardaría 5,9 años en promedio”.

El mercado de capitales

Una mayor exposición al país, pero por un monto absoluto menor. Así ha cambiado la inversión de las AFP desde que se inició el proceso de retiro de fondos previsionales. Y los efectos los han sentido inversionistas y personas: con un mercado de deuda más estrecho, las tasas de los créditos hipotecarios se han duplicado.

A julio de 2020, de los $163.723.260 millones (US$ 203.651 millones actuales) que tenían las gestoras en ese entonces, un 55,7% estaba invertido en el país (del orden de US$113.193 millones). En mayo de este año, las AFP tienen $ 150.829.839 millones (US$187.613 millones) bajo administración, de los cuales un 57,1% está en el país, equivalente a US$107.369 millones. Es decir, prácticamente dos puntos porcentuales más.

Por tipo de activos, a julio de 2020 el 15,6% estaba en renta fija internacional y el 28,6% en acciones internacionales, a su vez que en bonos chilenos tenían un 48,5% y en acciones nacionales, un 6,5%. En tanto, el mes pasado el 7% estaba en renta variable local, 27,1% renta variable extranjera, y un 49% en deuda nacional y 15% en deuda extranjera.

Pablo Correa, presidente de InBest Chile, señala que en tres años el mercado cambió radicalmente: “Está lo obvio que ya se ha dicho, que es la reducción de tamaño -es cosa de ver las cifras de ahorro de los hogares que mostró el Central hace unos días-, cambió el costo de emisión de deuda y, por lo mismo, cayó mucho el universo de emisores, y eso se mezcló a un incremento en la deuda pública y en la percepción por riesgo, que elevó el bono soberano 80 puntos básicos apropiadamente”.

Desde el punto de vista de la deuda, los datos de la Bolsa de Santiago muestran cómo se estrechó el mercado: los montos transados en renta fija en 2022 cayeron 24,91% respecto del año previo, en circunstancias en que ya en 2021 había anotado una merma de 16,61%. El mercado se achicó, pues si en 2019, previo a los retiros, se transaron $199.896.393 millones, en 2022 el monto fue de $121.687.607 millones.

Marco Correa, economista jefe de BICE inversiones, dice que “han ido disminuyendo la volatilidad y el riesgo implícito de las tasas, pero aún se mantienen sobre sus niveles previos, por lo que en ese sentido sigue parte de ese efecto asociado. Además, los retiros son parte de la explicación de por qué la inflación subió tanto, lo que ha mantenido a las tasas en niveles más altos”.

Las personas han sentido los efectos en las tasas. Para mayo de este año, la tasa promedio de los préstamos hipotecarios, según datos del Banco Central, fue de 4,23%, en circunstancias de que para julio de 2020 era de 2,64%.

Según Pablo Correa, esas cifras reflejan “cómo subió el costo de financiamiento para todos. Desde el Fisco, los corporativos y la banca, porque los bancos están prestando más caro porque para ellos levantar deuda también es más caro”.

Pero a su juicio, “lo más dañino es que se perdió reputación: ahora en Chile es factible que las leyes cambien y generen descalabros macro. Se volvió a ser un país donde la política pública sucumbió al populismo y eso se refleja en que para todo es más caro levantar financiamiento, y por lo mismo afecta en el potencial de crecimiento”.

El economista jefe de Bci, Sergio Lehmann, dice que “producto de los retiros de fondos de pensiones, el mercado de capitales sufrió un duro golpe. Perdió profundidad y liquidez, llevando a alzas en las tasas de interés e impactos en los precios accionarios. Se reconoce que del lado de la renta fija ha habido alguna recuperación, recogiendo mayores transacciones, pero llevando, de cualquier manera, a tasas más altas de las que se reconocían hace unos años. El debilitamiento de la institucionalidad y menor profundidad del mercado ha llevado a premios algo mayores, que se reconocen también en una tasa de política monetaria neutral más elevada que en el pasado, en torno a 25 a 50 pb”.

Por su parte, Klaus Kaempfe, director de portfolio solutions en Credicorp Capital Asset Management, señala que a pesar de la subida de las tasas, “en el mercado de renta fija los montos aún permiten seguir operando, pero el IPSA ha estado complicado”.

Según datos de la Bolsa de Santiago, al cierre del 2022, el monto transado en el mercado accionario alcanzó transacciones por $ 36.905.742 millones, 15% menos respecto del 2021, pero aun así por sobre los $30.968.430 millones reportados en 2019. Y es que el efecto no se ha hecho sentir tanto en empresas IPSA, que representan gran parte de las transacciones -y sobre todo SQM-, sino que “veo que el mercado de small caps ha sido el más golpeado por las AFP, con menores transacciones, por los retiros y algunas características adicionales”, dice Kaempfe.

Las AFP, es cierto, retiraron recursos de fondos que invertían en el sector, pero también “el riesgo país ha subido y los spreads están más altos, aunque uno también podría pensar que eso tiene que ver con la inflación”, dice Kaempfe.

Y es que, según el experto, “para los extranjeros comprar acciones o bonos chilenos sin las AFP como una posible contraparte dificultó el mercado por un tiempo, aunque ahora está volviendo a la normalidad, en el entendido que se volvió a rechazar el retiro”. Lehmann comenta que “hay un efecto (de los retiros) que va a permanecer largo tiempo. De ahí la necesidad de medidas que permitan fortalecer el mercado de capitales, fuente de financiamiento de nuevas inversiones”.

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