La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, confirmó que 21 de las 27 pensiones de gracia que serán revocadas por el Gobierno fueron entregadas bajo la actual administración presidencial.

¿Qué pasó?

En entrevista con Canal 13, la jefa de gabinete explicó que el Ejecutivo culminó con la evaluación de los 69 casos de personas con antecedentes penales que recibieron el beneficio en el marco de hechos ocurridos durante el estallido social.

Al respecto, “la definición es que se están procesando ya, mandando a Contraloría las distintas carpetas con los decretos que dejan sin efecto un número total de 27 pensiones de gracia”, indicó. Es decir, la situación debe tramitarse, donde el ente regulador tome razón de lo indicado por el Gobierno.

“De esas 27, 21 corresponden a pensiones asignadas durante nuestro gobierno y seis corresponden a pensiones asignadas durante el gobierno del presidente Piñera”, precisó Tohá.

La ministra también explicó que, de los 69 casos donde había antecedentes penales, “ya se hizo la revisión completa, pasó por la comisión, chequeo, y en definitiva el presidente de la República, que tuvo la palabra final”.

No obstante, “el presidente nos ha encomendado que revisemos todas las otras pensiones”, señaló la jefa de gabinete. Además, recalcó que el problema se originó porque no se consideraban los antecedentes penales para entregar los beneficios.