Durante estas semanas se ha revitalizado el debate sobre como reformar nuestro sistema previsional. El Gobierno en busca de una politica publica consensuada y sostenible en el tiempo, ha optado por una alternativa equilibrada, a saber, un ente estatal (llamado Consejo Administrador de Seguros Sociales o CASS) que, entre otras funciones, administraría el 4% de cotización adicional, licitándolo a entidades especializadas de giro único.

A pesar de que se podría haber simplemente incrementado el porcentaje de cotización, la edad de jubilación y fortalecer la dimensión distributiva del sistema para aumentar las pensiones, siendo la oposición la mayoría en el Congreso, se ha descartado la posibilidad de que las AFP puedan participar de la administración del aporte previsional adicional.

Las razones de ello, como muchos ya han señalado, obedecen a cuestiones de tipo político más que técnico, tales como el origen autoritario del sistema y la cosmovisión “neoliberal” que representaría. Sin embargo, hay un aspecto del que no podemos desentendernos y es la poca capacidad que tuvo nuestro sistema para anticipar las dificultades que explican las bajas pensiones que tenemos hoy en día, tales como los sueldos, las lagunas previsionales, el desempleo, la informalidad, la baja tasa de cotización y la desigualdad de género.

Por lo tanto, la reforma al sistema de pensiones debería tener la facilidad de anteponerse ante las variaciones del empleo. Al respecto, en un futuro no muy lejano, los desafíos no son menores. Primero, nuestro sistema previsional debería considerar el efecto que tiene el desarrollo tecnológico sobre las lagunas previsionales.

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