El primero comenzó a regir a fines de julio del año pasado. Y el segundo, a partir del 10 de diciembre de 2020. Los sendos retiros del 10% desde los fondos de capitalización individual de los trabajadores que son administrados por las AFP han implicado salidas de dinero desde el sistema por casi US$ 34 mil millones, dejando de paso a 2,8 millones de afiliados con $0 en sus cuentas, según el balance de la Superintendencia de Pensiones.

Actualmente, la opción de un tercer retiro no es para nada descartable. La primera razón es porque existen dos iniciativas que se presentaron durante enero en la Cámara de Diputados. El 15 de ese mes, la diputada Pamela Jiles (PH), autora de una de las mociones anteriores, ingresó junto con Félix Gonzalez (PEV) una reforma constitucional para habilitar un nuevo retiro por hasta un 10%, con un mínimo de 35 UF ($1.025.000) y máximo de 150 UF ($4.393.000). El 29 de enero, el último día antes del receso legislativo, diputados de la Federación Regionalista Verde Social -liderados por Jaime Mulet y Alejandra Sepúlveda- presentaron su propia reforma constitucional, que además de mantener las condiciones de los retiros anteriores, suma a los pensionados por rentas vitalicias y dispone que el Estado deba reponer los fondos retirados mediante un bono de reconocimiento.

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