En la reciente conmemoración del Día del Trabajador, las autoridades de gobierno realizaron un nuevo llamado a avanzar en la reforma de pensiones con acuerdos. En plazos estrechos y tiempos electorales, ¿será posible lograrlo? Aunque no es una tarea simple, siempre es posible si se revisa el camino recorrido en este año y medio de tramitación, se aúnan las voluntades políticas y se promueve un diálogo constructivo de parte de todos los actores.

Hasta ahora el avance de la reforma en el Senado ha sido escaso. Las posturas de la oposición se han mantenido inflexibles y no se han visto esfuerzos articulados para avanzar en acuerdos amplios. En paralelo, el gremio del sector ha adquirido protagonismo. Como en todos los proyectos anteriores, el rol de las AFP no ha sido el de un actor de reparto. En distintas oportunidades estas se pronunciaron mediante cartas a sus afiliados, y ha sido habitual el encargo de numerosas encuestas sobre los proyectos de reforma cuyos resultados muestran opiniones ciudadanas a favor del sistema (y cuyo financiamiento no siempre se destaca). Otro ejemplo, es la reciente carta de su presidenta en El Mercurio, cuestionando las afirmaciones del regulador sobre lo elevado del precio que pagan los afiliados de AFP (se afirma allí que el pago promedio del sistema —llevando las comisiones descontadas del salario a una base de saldo— ronda el 0,5%, lo que estaría por debajo de la mediana mundial según información de la OCDE).

El gremio ahondó en este punto también en su presentación ante el Senado, el pasado 8 de abril, citando como fuente el Global Pensions Statistics 2021, aunque sin identificar la variable específica utilizada en la comparación.

Al respecto es importante mantener presentes ciertos elementos que parecen soslayarse. Uno de ellos es que las comisiones por administración que cobran las AFP se descuentan tanto del salario de los trabajadores como del saldo que estos acumulan en su fondo (indirectas). En 2023, las primeras se ubicaron en torno al 0,6%, con datos de los estados financieros de las AFP, y las segundas en 0,3% (estimación con datos al tercer trimestre). Es decir, alrededor de 0,9% en total. Esta última cifra es similar a la consignada por la OCDE en su informe Pensions at a Glance 2023, el cual ubica a Chile en el rango alto de comisiones entre los países ahí reportados.

Lo elevado de estas comisiones es consistente con los positivos resultados que históricamente han exhibido las AFP, que en 2023 tuvieron una rentabilidad sobre patrimonio (ROE) cercana a 20%, superando varias de ellas el 50%. La relación entre el margen y los gastos operacionales es otra forma de ver lo anterior, la que en 2023 se ubicó en 128%.

En la presentación al Senado de dicha asociación, como es natural se resaltaron diversas fortalezas del sistema, tales como, que «por años el sistema AFP ha estado dentro de los “Top 10” en eficiencia», destacando lo que sería el octavo lugar de Chile en gestión de costos administrativos a nivel global, según el Global Pension Transparency Benchmark 2023. Cabe señalar que dicho índice mide la transparencia de los fondos de pensiones de quince países, considerando cuatro factores: costos, gobernanza, rendimientos e inversión responsable.  En el factor que mide la transparencia de costos (no su gestión), el octavo lugar de Chile no es alto si se considera que son quince los países evaluados y, más aún, cuando se miran las cuatro dimensiones del índice, Chile queda 13 de 15. Es decir, si algo nos dice este indicador es que hay mucho por hacer en transparencia.

Tampoco es totalmente sostenible el argumento del gremio en cuanto a que «si no fuera por las inversiones de las AFP, las pensiones serían un quinto», como si la alternativa para los trabajadores fuese guardar sus ahorros bajo el colchón.

Recurrentemente se observan omisiones e imprecisiones en el debate que parece importante considerar. La discusión sobre pensiones y el funcionamiento de su administración amerita abordarse con rigor técnico, para comprender adecuadamente, por ejemplo, los costos y el desempeño neto de los fondos frente a alternativas, y así poder mejorarlos. El problema es que con ingresos que se descuentan por planilla, una escasa sensibilidad al precio por parte de los afiliados y ROEs elevados es fácil caer en una mirada de corto plazo.

Por supuesto que las AFP tienen fortalezas y elementos positivos y deben ser protagonistas en la discusión de pensiones, pero un mal debate solo nos aleja de tener un sistema sostenible y de corregir las falencias existentes. Para abordar los desafíos en términos de suficiencia, incertidumbre, financiamiento, brechas de género y en la administración del sistema necesitamos una mirada de largo plazo, por parte de todos los actores. Negar los desafíos y reducir la discusión a aumentar la cotización y la edad de retiro, reducir la informalidad y aumentar el gasto fiscal en PGU, no es un camino adecuado para transitar a un sistema resiliente.

En cambio, un diálogo abierto y con bases técnicas, que recoja y valore los aspectos positivos de nuestro sistema, a la vez que aborde sus retos, es un mejor camino para lograrlo. Ese acuerdo debiese ser de interés de todos los sectores, porque así se daría respuesta a un postergado anhelo de la ciudadanía y las pensiones dejarían de estar en la lista de pendientes de cada gobierno.

Leer más @ciperchile