Finalmente, después de más de un año desde que la Comisión Bravo entregara su informe de diagnóstico y conclusiones, la Presidenta Michelle Bachelet anunció, en cadena nacional, el envío de un proyecto de ley que mejora el sistema de pensiones.

Su contenido, que ni siquiera suscita consenso al interior del oficialismo, ha generado diversas reacciones críticas, sobre todo en relación al sistema de ahorro colectivo que prevé para el 2% del aumento de las cotizaciones.

Ninguna decisión es fácil en un contexto electoral y en el que se requiere muchísima seriedad técnica y responsabilidad fiscal. Es positivo que el Gobierno haya tomado una decisión al respecto y marque una hoja de ruta a seguir en los próximos años. Sin embargo, tras las decisiones previsionales existen también decisiones políticas. Un sistema que se encuentra severamente deslegitimado y que es, en muchos sentidos, una bomba de tiempo, no puede ser tratado sólo como un problema técnico. Por ello, sorprende que el Gobierno no haya tomado una medida prioritaria respecto a la desconfianza hacia el sistema -particularmente las AFP- y se quede en medidas que no suscitan un acuerdo amplio y que, por su propia naturaleza, pueden ser debatidas y enriquecidas en el debate legislativo.

Fuente: Pulso

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