“No es necesario terminar con las AFP para aplicar la mayoría de los cambios propuestos”, sostiene el gerente de estudios de la Asociación de AFP, Roberto Fuentes. El gremio centra sus críticas respecto a la separación de la industria y la reducción de comisiones indirectas. Sobre el primer punto, dice que no hay evidencia que se produzcan economías de escala. Sobre el segundo, critica el cálculo que hace el gobierno sobre el alza que se generaría en pensiones, porque argumenta que no se tiene en cuenta una eventual baja en la rentabilidad.

Este lunes el gobierno ingresó la reforma previsional al Congreso. Y un día después la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados realizó la primera sesión para escuchar la presentación del gobierno sobre el proyecto, iniciando así su tramitación.

Gran parte del foco que pusieron los ministros del Trabajo y Hacienda estuvo en la reorganización industrial, donde proyectan que, gracias a los cambios incluidos en la reforma, el efecto agregado será de un alza de 23,8% en la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE). Ese cálculo incluye el efecto que se generaría por la separación de la industria, el término de comisiones indirectas, el cambio de modalidad de cobro de comisiones, el reemplazo de los multifondos, la eliminación del retiro programado, y la licitación de rentas vitalicias.

Este miércoles, la Asociación de AFP decidió responder al Ejecutivo sobre este tema: en algunos casos rebaten los argumentos del gobierno y en otros casos, inclusive sus cálculos.

De todos los temas que abarca la reorganización industrial, la separación de la industria -centralizar las funciones de afiliación, recaudación y pago de pensiones en un ente público y dejar a privados solo la inversión de fondos- es el ítem mediante el cual el gobierno calcula que habrá un mayor impacto en las pensiones, donde proyecta un efecto de 11% en las pensiones: es decir, casi la mitad del total. El subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, argumentó este martes que al separar a la industria se centralizan las funciones de soporte en un ente público, con lo que podrán transferir las economías de escala a los afiliados por la vía de menores comisiones. Además, afirmó que habrá espacio para ganancias de eficiencia adicionales. Y tercero, lo justificó en la existencia de una única cara visible para los afiliados, que será una entidad pública, la Administradora Previsional Autónomo (APA).

El gerente de estudios del gremio, Roberto Fuentes, asegura que “no existe evidencia que, para el número de afiliados de las AFP existentes, se puedan obtener ganancias de eficiencia importantes centralizando las tareas administrativas”.

En esa línea, Fuentes dice que existen estudios que muestran que “las grandes economías de escala se logran ya a nivel de 100.000 afiliados. Los estudios no muestran evidencia que al administrar 11,5 millones de clientes no existan deseconomías de escala (aumentos de costos) que ha identificado la literatura para las grandes entidades. El nuevo ente estatal, por muy buena gobernanza que tenga, tendrá estos mismos problemas de gestionar escalas de participantes tan significativas. Además de la inexistencia de competencia que incentive la innovación y mejora constante en los servicios y procesos”.

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