El Gobierno nacional, a través de la Resolución N°187/2025, estableció nuevos criterios para evaluar la invalidez laboral de las personas que solicitan una Pensión No Contributiva (PNC). Según el texto oficial, la medida tiene como objetivo “garantizar un proceso más equitativo”, al establecer criterios claros para el otorgamiento del beneficio y clasificar las afecciones según su impacto en la capacidad laboral.

Según cifras oficiales, en Argentina hay 1.503.779 personas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, aunque se calcula que alrededor de cinco millones de personas viven con discapacidad en el país. A su vez, de acuerdo con el informe de ANSES del tercer trimestre de 2024, se registraron 1.835.063 beneficios del sistema no contributivo, con un haber promedio de $190.658, de los cuales el 66% corresponden a Pensiones No Contributivas por Invalidez

Con la nueva normativa, el Gobierno establece una clasificación de afecciones que define si una persona es apta para recibir la pensión. El objetivo declarado es “eliminar la discrecionalidad” en la asignación de beneficios y evitar el “malgasto de recursos públicos” en personas que no cumplirían con los requisitos necesarios. En esa línea, el Ejecutivo busca optimizar la asistencia a quienes “realmente la necesitan”.

“La medida significa un retroceso en materia de derechos”, aseguró Julia Risso Villani, militante por los derechos de las personas con discapacidad y creadora de Les Otres Podcast, en diálogo con El Auditor.info. “El impacto que tiene en las personas con discapacidad es que se regresa al modelo médico. Un ‘barómetro médico’ es una forma estereotipada de medir la discapacidad”, advirtió.

“Hay mucha gente que debería cobrar la pensión por la cantidad de barreras a las que se enfrenta en el acceso al mercado laboral y no la cobra por el ‘amparo familiar’, es decir, porque el Estado considera que tiene familiares en condiciones de proveerle alimentos. Según la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto está fuera de la ley”, explicó Julia.

Otro punto cuestionable es la accesibilidad al trámite. “Me preocupa que están dando de baja pensiones de personas que no reciben el aviso de auditoría en sus domicilios. Eso es una barrera enorme para quienes viven en zonas rurales. O incluso, están exigiendo que los trámites sean personales. Me parece que hay poca información sobre accesibilidad: el Estado debe ir a las personas, no al revés”, señaló Risso Villani.

Trabajo y discapacidad

Para la militante por los derechos de las personas con discapacidad, el foco de la cuestión debería estar en la “inclusión laboral” y no en la reducción de pensiones. “Si la PNC va a ser recortada con el motivo de que hay personas con discapacidad que sí podemos trabajar, el Estado tiene la obligación de generar políticas públicas que favorezcan esa incorporación al mercado laboral. Porque el mercado laboral nos excluye y por eso accedemos a la pensión y no tenemos más opciones”.

En ese sentido, la entrevistada sostuvo que la pensión no debería ser vista como un “gasto”, sino como un “derecho”. “Si el Estado se ocupara de concientizar y de generar mayores oportunidades, necesitaríamos menos de la pensión”. La pensión -según Julia- termina siendo un “parche”.

Nuevos requisitos para acceder a la PNC

Para acceder a una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

• Certificado Médico Oficial (CMO): debe detallar la patología y el grado de incapacidad, suscripto por un profesional médico de un establecimiento sanitario oficial o de la ANDIS.
• Resumen de Historia Clínica: incluye información clínica detallada y actualizada sobre la patología y tratamientos realizados.
• Estudios Complementarios: se requerirán estudios que respalden el diagnóstico y la incapacidad alegada.

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