Tras el fallo judicial que le impidió dar de baja 160.000 haberes por DNU, el Gobierno vuelve a la carga con otra estrategia también ilegal.

El Gobierno Nacional está decidido a combatir las pensiones para dar de baja cerca de 200.000. Lo intentó el año pasado con un decreto declarado inconstitucional por la Justicia Federal y ahora volvió a la carga con otra estrategia de cuestionada legalidad.

Siempre con la meta de recortar gasto, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había eliminado sin previo aviso más de 160.000 pensiones por invalidez entre 2016 y 2017. La funcionaria del PRO se escudó en un incremento de la cantidad de beneficiarios, de cerca de 180.000 en 2003 hasta llegar a la actualidad con 1.042.945, y alegó que los nuevos casos habían falseado sus certificados médicos para conseguirlo. No contempló la posibilidad de que podría haberlo explicado la difusión del derecho a cobrar hoy día sólo $ 6.045.

Ante la denuncia de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la maniobra fue firmemente frenada un año después por el juzgado federal de Seguridad Social 8, quien describió el avasallamiento del Ejecutivo como “lesivo, con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas de los derechos y garantías contemplados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales”. En el fallo de fondo tras aceptar la cautelar, la magistrada Adriana Cammarata le ordenó al Gobierno el 18 de septiembre “restituir en un plazo de diez días las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas en todo el territorio nacional, con excepción de Viedma (donde cursa otra causa por el mismo tema)”. En la ciudad rionegrina, la jueza Mirta Filipuzz ya había intimado al Estado para tome idéntica medida ante el amparo del diputado nacional Martín Doñate.

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