El informe advirtió también sobre la posibilidad de que el gobierno deje de pagar los bonos. “La preocupación principal, de todas formas, reside en la continuidad o no del bono y en el eventual monto a futuro. Esto se debe a que entre los rubros que configuran el ajuste fiscal planificado por el gobierno, se encuentran 0,4 puntos sobre PBI correspondiente a jubilaciones”, indica el informe.

Si eso sucediera “sería una reducción nominal del haber mínimo del 34%, lo cual sumado a la fuerte aceleración inflacionaria que se espera, llevaría las y los de jubilados a una situación crítica. En términos de gasto previsional, de eliminarse el bono, ello implicaría un ahorro del 17% del gasto en dicho rubro”, puntualiza el documento.

En otro pasaje del informe se crítica los artículos de la movilidad previsional incluidos en una primera instancia en la Ley Ómnibus, que luego fueron excluidos del proyecto final que trató la Cámara de Diputados.

El estudio explica que la propuesta del oficialismo era impulsar una actualización de la fórmula de movilidad jubilatoria desde abril 2024, con la inflación disponible a esa fecha (febrero 2024) en tanto que se mantenía la aplicación en marzo 2024 de la actualización con la movilidad vigente actual.

“¿Qué conclusiones derivan de ese análisis? La primera, y más general, es que los jubilados, si bien no perderían con la inflación, tampoco pueden aspirar a ganarle a la misma. No pueden ganarle sencillamente porque acompañarían la dinámica de precios. Pero, además ¿Dónde se congela la jubilación para que, de ahí en más, se acompañe la evolución de precios? ¿Es razonable ese nivel de jubilaciones reales? Ese punto de empalme no incluía la inflación de enero y eso significaba una brutal caída de los ingresos reales”, plantea el documento.