El Senado aprobó un dictamen de mayoría para el tratamiento en el recinto de las modificaciones a la movilidad jubilatoria, en lo que es considerado como un golpe a las pretensiones del gobierno de mantener indemne la política de ajuste fiscal. De prosperar las modificaciones, se trata de una ligera mejora en el cuadro de la consumación de un robo histórico a los jubilados que condena a millones de adultos mayores a la indigencia y la pobreza.

La obtención del dictamen de mayoría, contra la voluntad del oficialismo, tuvo su repercusión mediática debido a las divisiones y realineamientos producidos entre las fuerzas políticas patronales, con un rejunte de voluntades entre kirchneristas y radicales  (con el voto de Martín Lousteau), todos igualmente cómplices y responsables del ataque permanente a las jubilaciones.

El proyecto, con media sanción en Diputados, establece la misma actualización mensual en base al último dato del IPC (inflación), pero agrega una recomposición adicional del 8,1% en los haberes (para cubrir el restante de la inflación de enero), además de un adicional anual del 50% de la variación entre el Ripte y el IPC que solo recompondría parcialmente las jubilaciones en “contextos de crecimiento”.

Además, la iniciativa parlamentaria incorpora el pago de los juicios de reajustes de haberes y de las deudas con las cajas previsionales provinciales con fondos de la Anses -donde se expresan intereses de los gobernadores que, a su vez, ajustan a los jubilados en las diversas cajas existentes-, para lo cual se afectarían tributos de asignación específica para el organismo como el impuesto al cheque, el País y el IVA.

Los ladrones de las jubilaciones

Un reciente estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA analiza la evolución de la jubilación mínima, a valores de julio del 2024, durante los últimos 12 años, dando cuenta de su deterioro a lo largo del tiempo

El promedio anual del haber mínimo llegó a alcanzar el máximo de $424.490 en 2013, como resultado de la recuperación luego del piso de $156.739 en 2002, en plena crisis social y económica del país y la salida prematura de más de un presidente.

Aun así, el monto de 2013 no alcanza ni a la mitad de una canasta básica que, para junio del 2024, llegó a 873.169, y representa un valor inferior a la Canasta Básica de los Jubilados que mide la Defensoría de la Tercera Edad, sin contar aún con los datos actualizados.

Entre 2013 y 2023 -con kirchneristas, macristas y nuevamente kirchneristas en el poder- el haber mínimo cayó más del 40% (de $429.490 a $246.876) sin considerar los “bonos complementarios” y del 25% con los bonos ($320.611), dando cuenta de una misma política confiscatoria.

Llegado el gobierno de Javier Milei tuvo lugar el momento más crítico de la jubilación mínima, en febrero del 2024, cayendo a $144.993 (sin bono) y $220.430 (con bono), como resultado de la devaluación de diciembre y la inflación desatada en los primeros meses del año, que liquidaron los haberes jubilatorios. Tras lo cual, con la nueva fórmula, los haberes sufrieron una leve mejora, llegando a julio a $215.581 sin bono y de $285.581 con bono.

Está claro que la “recomposición” que ahora intenta exigir la oposición patronal en el Congreso no es más que una cortina de humo para encubrir un verdadero saqueo a los jubilados, que han sido limpiados durante los últimos años, llevando sus ingresos a niveles de indigencia.

Tomada la ejecución presupuestaria de los primeros siete meses del año tenemos que la motosierra de Milei avanzó fuerte mente sobre los recursos de los jubilados y pensionados, con bajas interanuales del 46% en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam), 31% en Pensiones no Contributivas y 24% en Prestaciones Previsionales.  Mientras que las Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, que incluyen las transferencias al Pami, cayeron 48% real respecto al mismo período en el año anterior (La Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional, CEPA).

Hay que terminar con este robo a los jubilados con una recomposición del haber mínimo para ubicarlo por arriba de la canasta básica, y el establecimiento del 82% móvil real sobre los salarios, junto a la regularización registral del conjunto de los trabajadores para financiar la Anses.

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