Luego de un largo debate, que más que debate fueron monólogos porque la consigna de los legisladores del oficialismo fue no cambiar ni una coma de la media sanción de la ahora nueva Ley Previsional, que habían recibido del Senado, para no dilatar su aprobación y poder avanzar desde esta misma tarde con la segunda parte de los proyectos fiscales y laborales, y el compromiso del Poder Ejecutivo Nacional de reglamentar un bono compensatorio para corregir los defectos de la propuesta original, quedaron definidas las nuevas escalas de aumento para los jubilados, pensionados, perceptores de la Asignación Universal por Hijo; personas con discapacidad y para la pensión universal para el adulto mayor.

La nueva fórmula de movilidad jubilatoria que se aplicará también para los perceptores de AUH, asignaciones familiares, discapacitados y adultos mayores quedó integrada por la variación del 70% del índice de inflación nacional y el 30% de la variación del salario medio registrado por el sistema previsional, RIPTE. Para el primer ajuste, correspondiente a marzo de 2018, se tomará el período julio a septiembre de 2017, que arrojó un factor de ajuste de 5,7 por ciento.

Como no hay factor de empalme con la ahora vieja ley, que obligaba a un próximo ajuste de las jubilaciones y asignaciones familiares en marzo 2018 por la variación de la recaudación tributaria y de los salarios, en proporcionales iguales, para el período julio a diciembre de 2017, el Poder Ejecutivo Nacional acordó con la mayoría de los gobernadores y algunos legisladores de la oposición establecer para el próximo aumento la entrega de una suma compensatoria por única vez, y en proporciones diferenciadas.

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