El plan de México para acoger a miles de sus ciudadanos deportados de Estados Unidos es poco menos que ambicioso. Se está planeando construir nueve centros de recepción a lo largo de la frontera —enormes tiendas de campaña instaladas en estacionamientos, estadios y almacenes— con cocinas móviles operadas por las fuerzas armadas.

Los detalles de la iniciativa —denominada “México te abraza”— no se revelaron hasta esta semana, aunque las autoridades mexicanas dijeron que la habían estado ideando durante los últimos meses, desde que Donald Trump prometió llevar a cabo la mayor expulsión de migrantes indocumentados de la historia de Estados Unidos.

Se espera que casi todos los poderes públicos —34 organismos federales y 16 gobiernos estatales— participen de una forma u otra: transportando a las personas en autobús hasta sus ciudades de origen, organizando la logística, proporcionando atención médica, inscribiéndolas en programas sociales de México como pensiones de vejez y programas de aprendizaje remunerado, y repartiendo tarjetas con un valor aproximado de 100 dólares cada una.

Los funcionarios afirman que también están negociando acuerdos con empresas mexicanas para vincular a las personas con puestos de trabajo.

“De este lado de la frontera, ya estamos listos para recibirlos”, dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en una conferencia de prensa esta semana. “La repatriación es una oportunidad para regresar a casa y reencontrarse con la familia”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha calificado las deportaciones a gran escala previstas de “medida unilateral” y ha dicho que no está de acuerdo con ellas. Pero como país con el mayor número de ciudadanos no autorizados que viven en Estados Unidos —se calcula que cuatro millones de personas en 2022—, México se ha visto obligado a prepararse.

El plan del gobierno se centra en los mexicanos deportados de Estados Unidos, aunque la presidenta ha indicado que el país también podría recibir temporalmente a deportados extranjeros.

México no es el único que se está preparando: Guatemala, su vecino del sur que también tiene una gran población indocumentada en Estados Unidos, puso en marcha un plan para recibir a sus propios deportados.

Aunque el secretario de Relaciones Exteriores de México habló por teléfono con el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, esta semana sobre temas de migración y seguridad, México y otros países de la región han dicho que no han sido informados por el gobierno de Trump sobre sus planes de deportación, dejándolos en una situación difícil ante la falta de detalles.

“El regreso de Donald Trump vuelve a tomar a México sin ninguna preparación frente a estos escenarios”, dijo Sergio Luna, quien trabaja en la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes, una coalición mexicana de 23 albergues, casas de migrantes y organizaciones repartidas por todo el país.

“No podemos seguir respondiendo a las emergencias con programas que pudieran tener la mejor intención, pero que por supuesto que se quedan absolutamente cortos”, dijo Luna. “Lo que evidencia es que durante décadas México se ha beneficiado de los migrantes mexicanos a través de las remesas, pero ha mantenido en el olvido a esta población”.

Además, aunque el gobierno dispone de una flota de 100 autobuses para llevar a los deportados de vuelta a sus estados de origen, muchos de ellos habían huido en principio de esos lugares para escapar de la violencia y la falta de oportunidades.

Otros expertos se preguntaban si el gobierno mexicano estaba realmente preparado para afrontar el trauma a largo plazo que podrían causar las deportaciones y las separaciones familiares.

“Estas personas van a regresar y va a tener un impacto en su salud mental el regreso”, afirmó Camelia Tigau, investigadora sobre migración de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Incluso con las nuevas instalaciones, los refugios existentes —a menudo pequeños y con escasos fondos— pueden verse en apuros para atender a un gran número de personas recién llegadas junto con la población habitual de migrantes procedentes del sur que esperan cruzar la frontera estadounidense, señalaron los operadores de los refugios, a pesar de que el número de migrantes ha descendido drásticamente en los últimos meses.

“No podemos planear tanto porque en ninguno de los albergues tenemos recursos económicos”, dijo Gabriela Hernández, directora del refugio Casa Tochán de Ciudad de México, y añadió que su equipo depende principalmente de las donaciones de los ciudadanos. “Así que consideramos que es una emergencia. Es como un temblor”.

Otros operadores de albergues de Ciudad de México afirmaron que el gobierno no les había ofrecido ayuda adicional.

Es probable que Ciudad de México, la capital del país, acabe recibiendo a muchos de los retornados. Los estudios demuestran que, cuando son deportadas, las personas no suelen establecerse en sus ciudades de origen, sino que se trasladan a ciudades más grandes.

“Es una buena medida lo que está pensando el gobierno mexicano, sobre todo para la recepción inicial”, dijo Claudia Masferrer, investigadora de migración que ha estudiado las dinámicas de retorno de Estados Unidos a México y sus implicaciones. Aun así, añadió, “Pero es importante pensar qué va a pasar después, en los siguientes meses”.

Temístocles Villanueva, coordinador general de Atención a la Movilidad Humana de la Ciudad de México, dijo en una entrevista que las autoridades planeaban crear nuevos albergues y casi triplicar la capacidad de la capital para alojar a migrantes y deportados. Con esto pasarían de atender 1300 a más de 3000.

A quienes trabajan con migrantes y deportados también les preocupa que México y otros países de la región puedan ver obstaculizados sus esfuerzos por recibir a un gran número de personas si el gobierno de Donald Trump detiene el desembolso de ayuda exterior, como dijo el martes Rubio que estaba empezando a hacer, tras una orden ejecutiva firmada el lunes por Trump.

“Eso podría traducirse en una crisis, o al menos en un debilitamiento temporal de estas redes de apoyo a la ayuda humanitaria”, dijo Luna.

Estados Unidos es el mayor financiador de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM) por ejemplo, que actualmente ofrece muchos de los servicios que se prestan a migrantes y deportados, empezando por los kits de material sanitario que reciben las personas cuando bajan de los vuelos de deportación.

La organización, que colabora con el gobierno mexicano en el plan “México te abraza”, declinó hacer comentarios.

En una comunicación enviada el martes a los empleados del Departamento de Estado, Rubio mencionaba específicamente la migración en el marco de la ayuda exterior. En el pasado, dicha ayuda también se ha destinado a programas destinados a paliar el hambre, las enfermedades y el sufrimiento en tiempos de guerra.

En su comunicado, Rubio dijo que “la migración masiva es la cuestión más importante de nuestro tiempo” y que el departamento ya no tomaría medidas que la “facilitaran o alentaran”.

La diplomacia, especialmente en el hemisferio occidental, “daría prioridad a asegurar las fronteras de Estados Unidos”, añadió.

Sheinbaum ha señalado que México podría recibir deportados que no sean mexicanos. Sin embargo, dijo que su gobierno planeaba devolver “voluntariamente” a sus países de origen a cualquier ciudadano no mexicano, incluidos los que esperan audiencias de asilo en Estados Unidos.

La cuestión de quién pagaría por devolverlos, dijo, estaba en la lista de temas que pensaba tratar con funcionarios del gobierno estadounidense.