El subsistema exclusivamente de beneficio definido (SEBF), dentro del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), está quebrado. Por lo tanto, el proyecto de ley pretende unir los dos subsistemas: el quebrado y el no quebrado (mixto o de cuentas individuales) para darle más tiempo a las pensiones (no sé cuánto). Una vez unidos, entra el todopoderoso Dino Mon para colocar los fondos a su discreción, en las entidades financieras que mejor rendimiento otorguen, y de esta manera se cumple con la necesidad de elevar el beneficio de las inversiones de la Caja de Seguro Social (CSS).

Estoy de acuerdo en que los recursos y fondos tengan mejor rédito, pero no a discreción de una persona. Es necesario ejercer controles mediante una entidad independiente que vigile o decida, en última instancia, todo o parte del capital o de los bienes; su colocación, término y disposición. Esta entidad podría estar conformada por representantes de las superintendencias de valores, de bancos, de seguros y reaseguros, del Fondo de Ahorro de Panamá y del Siacap. Incluso podría ser saludable imponer un tope a estas inversiones. Cabe destacar que invertir en instrumentos privados no es privatización.

El proyecto de ley incluye el apoyo del Estado mediante la entrega anual de $966 millones. Sin embargo, el país lleva 15 años consecutivos en déficit, sumado a las insostenibles leyes especiales de toda naturaleza. Por ejemplo, las jubilaciones de la Policía nos cuestan más de $100 millones al año. Además, el 41% de una abultadísima planilla está sujeta a privilegios, incluyendo aumentos automáticos. Una Asamblea Nacional que hoy supera los 4,700 funcionarios, subsidios descontrolados, exoneraciones innecesarias, asesorías, dietas, viajes, alquileres y un creciente endeudamiento también agravan la situación. A esto se suma una CSS con 37,000 empleados que nos cuestan $1,100 millones, más $500 millones en costos administrativos anuales, lo cual genera una creciente desconfianza.

La rezagada inversión extranjera directa cerró en 2023 con un 30.7% menos que en 2022, muy lejos de los $3,921 millones que recibió en 2019, el año anterior a la pandemia. Peor estaremos si se aprueba la sugerencia de la bancada mixta y del partido Realizando Metas (RM) de gravar préstamos y depósitos bancarios, transacciones “overnight”, así como el cargo de renovación y membresía anual de las tarjetas de crédito para aportar a la CSS. Esta pérdida de competitividad sería fatal para la inversión en Panamá. Ni hablar del cargo adicional a los depositantes y clientes bancarios, lo que afectaría directamente al panameño de a pie. Una medida totalmente contraproducente. Tampoco olvidemos que los bonos de Panamá se están vendiendo, tras la aprobación y publicación del presupuesto 2025, entre los peores de los mercados emergentes.

El proyecto de presupuesto original, presentado por el ministro del MEF, se elevó en un 15.4% para llegar a $30,100 millones, una cifra similar a los números presentados por el ministro anterior, con una variación de apenas 1.88% menos que en 2024. Esto acrecienta la preocupación en los mercados bursátiles por la delicada situación fiscal panameña, elevando las tasas de interés. El déficit fiscal a septiembre de 2024 estaba en -7.24%, peor que el -4.76% registrado al mismo mes en 2023. Los ingresos corrientes, tributarios, no tributarios y otros ingresos acumulados en 2024 muestran una caída frente a lo presupuestado y lo recaudado el año anterior.

El empleo informal hoy está en 48.2% y en aumento, lo que constituye un golpe directo a las pensiones, pues solo cotiza el 18% de la población informal. Actualmente, tenemos 25,705 asalariados formales menos que hace 10 años, pero 275,241 jubilados en 2023, un incremento de más de 100,000 desde 2019. Al no haber inversiones debido a la crisis de confianza, no se genera empleo formal, lo que minimiza las cotizaciones a la CSS. Si el gobierno no se dirige hacia la eliminación, aunque sea paulatina, de las nefastas leyes especiales, ni ejecuta una verdadera contención del gasto, no habrá manera de cumplir con el pago de $966 millones anuales.

Respecto a las empresas y el aumento de tres puntos porcentuales en la cuota obrero-patronal, este debería ser escalonado para no impactar principalmente a la micro, pequeña y mediana empresa. Si no mejoran las variables macroeconómicas del país, incluyendo indicadores como libertad económica y facilidad para hacer negocios, esta medida traería despidos y un traspaso del costo a los consumidores. Tampoco es positivo imponer la afiliación obligatoria de los independientes. Lo necesario es facilitar los requisitos para la afiliación voluntaria en la CSS, que hoy es toda una experiencia penosa y burocrática, para perjuicio de la propia institución.

Finalizo alejándome del acto demagógico de negar el aumento de la edad de jubilación, el cual es inminente frente al modelo existente, insostenible matemáticamente. Se está dando suficiente tiempo, siete años, a los cotizantes para que se preparen. Y si no convence aceptar que Panamá es uno de los países del mundo donde la gente se jubila más joven, entonces imitemos a los uruguayos, quienes se retiran desde los 60 años de edad. Pero elevemos el ITBMS al 22% para darle una tajada grande a las pensiones, como hacen ellos. Echemos el costo político a un lado y entendamos que el aumento de la edad de jubilación es inevitable.

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