Hace algunos días, en este mismo espacio, compartí mi opinión sobre la forma (el método) de gestionar la reforma al seguro social por parte de las autoridades, indicando que no se estaba logrando habilitar apoyo a la misma, lo que imposibilita su viabilidad sociopolítica.

En esta oportunidad, respecto del fondo y contenido de la propuesta, es evidente que el paquete está determinado por la visión política y económica del actual gobierno, misma que comparten otros actores de la vida nacional, sobre todo grupos empresariales y algunas capas profesionales de alto ingreso, para quienes el mercado y el sector privado deben jugar el rol fundamental en casi todos los ámbitos.

De esa visión se deriva la actual propuesta de las autoridades que reemplaza nuestro sistema de seguridad social por un sistema de pensiones privatizado e individualista bajo reglas del mercado. Privatizado porque entrega a corporaciones financieras locales y globales, la gestión de los millones de fondos de las pensiones de los trabajadores panameños, además a discreción única del director de la Caja de Seguro Social, algo nunca antes visto. Individualista, porque rompe con el esquema de solidaridad intergeneracional y de soporte entre quienes aportan más y quienes aportan menos en el sistema.

Pero hay otro elemento adicional que repite una mala práctica histórica a la que está acostumbrada una parte relevante de la élite política y económica de Panamá: utilizar los recursos públicos para promover sus negocios privados. La gran apuesta financiera de esta reforma es que el Estado aporte la mayoría de los recursos que se necesitan para apalancar el sistema, mientras se asigna la gestión y usufructo de estos recursos, más los aportes de empleadores y trabajadores, a gestores financieros privados, sin siquiera contemplar mecanismos reales de transparencia, rendición de cuentas ni conflicto de intereses.

Este posicionamiento y encuadre ideológico descarrila la posibilidad de evaluar y hacer aportes a la discusión técnica, sin que las autoridades facilitaran oportunamente información cuantitativa y de fórmulas de procesamiento de datos bajo la metodología de gobierno abierto, para poder contrastar los supuestos, a lo que sumamos la presión por el poco tiempo para su aprobación; condiciones que llevan cualquier análisis y elaboración de propuestas alternas a un callejón sin salida, en un verdadero diálogo de sordos. Es por estas razones que, precisamente, el argumento esgrimido por el Gobierno, que quienes se oponen a su propuesta, solo critican y no presentan soluciones, queda sin valor, ya que desde un inicio el documento está sustentado en un modelo que no es sujeto a mejoras o ajustes, sino que de forma integral debe ser desechado tal como se propuso.

Con lo antes expuesto, queda claro que esta no es una reforma más a nuestro seguro social, es realmente un reemplazo por completo (una transformación) del modelo hacia un sistema de pensiones individualista y privatizado bajo reglas del mercado, ya que se eliminan tajantemente los conceptos fundamentales de todo sistema de seguridad social: la solidaridad y la gestión pública de los fondos.

Si tenemos claridad sobre estos elementos (y sinceridad al respecto por parte de las autoridades), la reformulación de la reforma podrá ser parte de la discusión pública y entonces sopesar, comparar y debatir alternativas que finalmente incluyan ajustes que garanticen los recursos dentro del carácter solidario y público de la propuesta, y es a partir de ahí que sí podríamos hablar de, entre todos, hacer un sacrificio, para salvar y robustecer nuestro sistema de seguridad social en el corto y largo plazo, en beneficio de todos los panameños.

Leer más @laestrella