Se generó una gran polémica por la cancelación de la jubilación como expresidenta y pensión por viudez de un expresidente de Cristina Kirchner debido a su condena judicial por corrupción. Lo mismo ocurrió con la jubilación como exvicepresidente de Amado Boudou.

Mucha gente opina a favor de esta decisión toda vez que se entiende que las jubilaciones otorgadas a expresidentes y vicepresidentes y las pensiones por viudez derivadas a sus cónyuges son consideradas de privilegio.

Privilegio significa que son otorgadas sin cumplimiento de alguno de los requisitos de edad, años de aportes y cálculo del beneficio que estipula el régimen general de jubilaciones.

En particular, el régimen general nacional de jubilaciones estipula que para jubilarse hay que tener 60 años mujer y 65 años varón, 30 de años de aportes como mínimo y el beneficio se calcula sobre los últimos 10 años de salario y luego se ajustan con la fórmula de movilidad general que es con la inflación pasada.

Las jubilaciones de presidentes y vicepresidentes, en cambio, se otorgan cuando las personas cesan en sus cargos independientemente de la edad y aportes y se calcula como un sueldo por todo concepto de los jueces de la Corte Suprema ajustándose según le evolución de dicho sueldo. Claramente es una situación más ventajosa (de privilegio).

El tema es que, si se considera de “privilegio” las jubilaciones otorgadas sin cumplimiento de alguno de los requisitos de la regla general, se concluye que sólo 20% de todas las jubilaciones otorgadas en la Argentina (tanto del régimen nacional, como de las cajas provinciales, municipales, profesionales y hasta de algunos bancos estatales) son con la regla general.

• El resto fueron otorgadas con algún tipo de regla especial, sea con menos edad, menos cantidad de aportes, mayor beneficio inicial y/o con una regla de movilidad más beneficiosa.

Otro 18% de las jubilaciones fueron otorgadas con algún régimen especial o diferencial. El sistema nacional tiene 7 regímenes especiales, las 13 cajas provinciales son regímenes especiales, lo mismo que las 29 cajas municipales existentes, las 82 cajas profesionales y los 30 regímenes diferenciales por tareas penosas; se suman también las fuerzas militares y policiales que tiene regímenes de retiro que jubilan a muy temprana edad.

El restante 62% de las jubilaciones fueron otorgadas sin aportes (pensiones no contributivas y Pensión Universal para el Adulto Mayor PUAM), o bien, con insuficiente cantidad de aportes con las moratorias previsionales (donde el 80% fueron otorgadas directamente sin aportes).

• En suma, el sistema previsional argentino es una fiesta donde sólo unos pocos (1 de cada 5) se jubila cumpliendo con las generales de la ley. Los 4 de cada 5 restantes se jubilan con algún tipo de excepción que significa un tratamiento mejor que las generales de la ley.

El lector pensará: ¿cómo va a ser una fiesta con la miseria que son las jubilaciones?

Y es precisamente por eso, las jubilaciones son una miseria porque el sistema es una fiesta de arbitrariedades, inequidades y abusos; abusos legales porque están permitidos por ley. Para dar una idea de magnitud, en Argentina hay otorgadas 10 millones de jubilaciones por lo que 8 millones fueron otorgadas con algún tipo de excepción legal.

Por caso, Cristina Kirchner cobraba dos beneficios: jubilación por haber sido presidenta y pensión por haber sido esposa de un expresidente.

Bueno, en el sistema jubilatorio nacional hay 1,2 millones de personas que están en la misma situación: cobran una jubilación propia (de las cuales 800.000 son jubilaciones otorgadas sin aportes con las moratorias previsionales) más la pensión por viudez de su cónyuge fallecido. La diferencia es que la acumulación de beneficios de Cristina Kirchner implica algo así como $35 millones mensuales, mientas que los 1,2 millones de ciudadanos comunes que tienen jubilación y pensión acumulan, en promedio, 2 jubilaciones mínimas ($250.000 cada una).

En cualquier caso, una persona acumulando dos beneficios previsionales por $35 millones y 1,2 millones de personas acumulando dos beneficios previsionales por $500.000 mensuales no es sostenible en un país que tiene el 60% de sus niños y jóvenes viviendo en la pobreza.

Ordenar el sistema previsional

Los macroecononomistas cometen el error de creer que con licuar las jubilaciones el sistema está “ordenado”. El sistema jubilatorio nacional gastaba 9% del PBI en el 2019. Con la suspensión de la fórmula de movilidad en el 2020 más la puesta en vigencia de una extraña fórmula en el 2021 y la aceleración inflacionaria del 2022 y 2023 licuó el gasto en jubilaciones al 6,5% del PIB. En ese momento, el actual gobierno cambió de nuevo la fórmula movilidad estableciendo que a partir de abril 2024 se ajustarán por inflación pasada.

Claro, esto es bueno porque garantiza que en el futuro las jubilaciones no serán licuadas más por la inflación; pero cristaliza la licuación pasada. Por eso el gasto previsional va a quedar en 6,5% del PBI por un tiempo.

Pero luego volverá a crecer por el hecho de que sólo 1 de cada 5 se jubila con la regla general y 4 de cada 5 se jubila con algún tipo de excepción y, además, la gente está habilitada a duplicar el beneficio previsional acumulando jubilación y pensión.

Un ordenamiento estructural del sistema previsional tiene que asumir tres premisas.

1. La primera: lo pasado, fue y se deja como está; no se toca ninguna jubilación. Los cambios son para los futuros nuevos jubilados.
2. La segunda: a futuro, todos los argentinos tienen que jubilarse con la misma regla general; no debe haber más regímenes especiales ni regalos de aportes con moratorias. Para los que no tienen aportes está la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que vendría a ser la Asignación Universal por Hijo (AUH) para los abuelos.
3. La tercera: no se acumulan más los beneficios; cuando una persona enviuda debe optar entre la pensión derivada del fallecido o su propia jubilación; pero basta de acumulación.

Argentina está envejeciendo, los niños ya dejaron de crecer en términos poblacionales (y, además, el 60% es pobre) con lo cual el sistema previsional debe ser ordenado para que sea más justo y sustentado.

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