La iniciativa constitucional que promovían el sindicalismo para reformar la seguridad social, con una papeleta blanca de letras negras, finalmente no triunfó y recibió el 40,6% de los apoyos, según las primeras proyecciones de Equipos. En tanto, el plebiscito de los allanamientos nocturnos, promovido por la coalición de gobierno, tampoco superó el 50% más uno de los votos (alcanzó el 39,9%) en las elecciones nacionales de este domingo, por lo que no habrá modificaciones en la ley actual.

La reforma proponía tres pilares. Por un lado, que la seguridad social no fuera susceptible de lucro y que se organizara y gestionara exclusivamente a través del Estado, quedando prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Por este motivo debían cesar en un plazo no mayor a 24 meses las actividades de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). De haber triunfado, los fondos acumulados en las AFAP iban a ir a un fideicomiso administrado por el Banco de Previsión Social (BPS).

Por su parte, sobre la propuesta de allanamientos la Constitución dice, en su artículo 11, que “el hogar es un sagrado inviolable” y que “de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de juez competente”. De esta misma manera se mantendrá, de acuerdo a lo decidido por la ciudadanía, horas después de que los circuitos cerraran y se dieran a conocer los resultados preliminares.

La modificación —no aprobada— indicaba que, “por orden expresa y fundada de un juez competente”, se podría allanar un hogar. Si la opción prosperaba, la policía iba a necesitar el aval previo del magistrado para actuar.

La reforma constitucional en este sentido fue impulsada por toda la coalición de gobierno, que encabezó la campaña señalando que este cambio normativo era crucial como una herramienta más de combate para enfrentar al narcotráfico. En cambio, el Frente Amplio tomó una postura contraria por entender que la propuesta fue planteada “con motivaciones electorales” y que suponía una “desprotección de los hogares”.

El presidente Luis Lacalle Pou, y promotor de la ley de reforma jubilatoria de 2023, se opuso al plebiscito, al igual que todos los candidatos presidenciales de los partidos del bloque oficialista, que firmaron una declaración conjunta en contra. El Frente Amplio dejó “en libertad de acción” a sus votantes. Más de 100 economistas y militantes frenteamplistas alertaron sobre las consecuencias negativas de un eventual triunfo del cambio de sistema. El popular expresidente José Mujica dijo que aprobar este plebiscito causaría “un caos” relacionado con la estabilidad jurídica del país.

Los detractores advirtieron que el cese de las AFAPs supondría una “confiscación” de los ahorros individuales de la gente y “perforaría” la certeza jurídica de Uruguay, con riesgos de juicios millonarios, problemas con el acceso a créditos y pérdida de inversiones extranjeras.

Señalaron que el salario mínimo nacional puede quedar estancado para evitar la equiparación con las jubilaciones, perjudicando a los trabajadores. Y afirmaron que la edad de retiro de 60 años no está acorde con la baja de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida, por lo que afectará el pago de jubilaciones a las generaciones futuras. Estimaron que financiar la reforma costaría más de 1.000 millones de dólares al año, y anticipaban una subida de impuestos.

El otro plebiscito que se votó ayer sobre los allanamientos nocturnos fue propuesto por parlamentarios de los partidos que conforman la coalición oficialista. El artículo 11 de la Constitución expresa actualmente: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”. En este caso, El Gobierno apoyó la iniciativa, mientras que el Frente Amplio la rechazó.