La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acudido este jueves a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, para presentar a los grupos parlamentarios los detalles del último acuerdo de pensiones pactado entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos el pasado 31 de julio. De paso, la ministra ha intentado recabar apoyos para sacar adelante los diferentes textos legislativos que desarrollarán las medidas acordadas. Para obtener este respaldo, Saiz ha reiterado que el acuerdo social “ha emanado de las propias recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo” ante la que ha comparecido.

Desde la oposición del PP y Vox han reclamado a la ministra un “cronograma legislativo” que informe de cuándo su Ministerio trasladará al Parlamento los vehículos legales (Real Decreto-ley o Proyecto de Ley) para la tramitación del acuerdo. La titular de Seguridad Social no ha concretado dicho calendario, pero ha asegurado que “lo pactado requiere de distintos instrumentos que van desde desarrollos reglamentarios, hasta cambios legales o convenios (con las comunidades autónomas) y cada uno tiene un cauce”. En cualquier caso, todos esos desarrollos se producirán “en próximos días y semanas”, ha indicado. Ambos grupos han exigido los estudios de impacto económico de las medidas acordadas, algo que Saiz ha dicho que su departamento aportará en cuanto las iniciativas lleguen al Congreso.

Más allá del respaldo al acuerdo manifestado por la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, que ha calificado de “positivo en general”, así como el apoyo del grupo vasco a los futuros convenios entre los sistemas de salud autonómicos y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, el resto de los socios parlamentarios del Gobierno de coalición se han mostrado más críticos con esta última fase de la reforma de pensiones.

Así, el portavoz parlamentario de EH-Bildu, Iñaki Ruiz de Pineo, ha reclamado al Gobierno que de forma previa a la tramitación de los textos presenten sendos informes que recojan el posible impacto en la salud de los trabajadores de todas las medidas destinadas a prolongar la edad de jubilación y la vida activa, así como la repercusión en el Sistema Nacional de Salud del incremento de las competencias de las mutuas. Además, ha reclamado a Saiz que las futuras jubilaciones anticipadas sin recortes de pensión en las profesiones penosas no se negocien sectorialmente, “porque hay muchos sectores que no tienen poder de negociación”, sino que se busque la fórmula para que se estudie caso por caso.

Negociar para evitar “un disgusto”

El portavoz del Grupo Republicano (ERC) Jordi Salvador, ha señalado que “hay aspectos (de esta reforma de pensiones) que nos agradan y otros que no”. Pero, sobre todo, ha exigido al Gobierno una negociación paralela con los grupos de izquierdas durante la tramitación parlamentaria de las medidas: “Hay cosas que se pueden mejorar y otras que se pueden discutir porque si no, podríamos tener un disgusto”, ha dicho en clara referencia a la posibilidad de que las iniciativas legislativas no logren los apoyos suficientes para ser aprobadas. De hecho, ha puesto en valor que las medidas vengan precedidas de un acuerdo con empresarios y sindicatos, pero ha sugerido que esta no es ninguna garantía para que estas se aprueben en el Parlamento. “El acuerdo social está muy bien pero no es menos importante el Pacto de Toledo o el propio Parlamento”, ha señalado.

Dicho esto, Salvador ha planteado varias reticencias a las nuevas fórmulas de colaboración con las mutuas, así como a lo que ha considerado un sistema insuficiente de jubilaciones anticipadas sin recortes de la pensión a las profesiones penosas. Y, finalmente, ha rechazado frontalmente la intención del Ejecutivo incluida en esta reforma de recuperar las bonificaciones a las cotizaciones a las empresas que prevengan con éxito la siniestralidad laboral.

En este sentido, la respuesta de Saiz ha sido clara: “no se trata de trabajar más sino mejor” y también ha incidido en que el nuevo marco colaborador con las mutuas “no supone ningún atisbo de privatización (de la sanidad)”. Así, ha recordado que las mutuas forman parte del propio sistema de Seguridad Social y que es este organismo el que dicta su estrategia hasta el punto en que el pasado año estas entidades tuvieron un excedente de 1.200 millones de euros que se ingresaron en el Fondo de Reserva de las pensiones. Además, pese a los cambios de la reforma, la capacidad de dar de alta y de baja a los trabajadores sigue siendo de los médicos de familia de los servicios públicos de salud y el trabajador puede rechazar en cualquier momento ser atendido por una mutua, ha precisado Saiz.

Precisamente esta capacidad de los facultativos de los servicios públicos regionales para dar bajas y altas es la que ha criticado el portavoz de Junts en esta comisión, Josep María Cervera, para quien las mutas deberían ser el organismo encargado de decidir cuándo los empleados empiezan y terminan una baja laboral. Más allá de esta consideración, que diverge totalmente de la defendida por los independentistas catalanes de ERC, el diputado de Junts ha preferido no emitir cuál será la posición de su grupo en la tramitación de la parte de la reforma que vaya a la Cámara Baja hasta la próxima semana, cuando la ministra de Seguridad Social volverá a comparecer, esta vez ante el Pleno, para volver a explicar este acuerdo y seguir intentando recabar los apoyos necesarios para que se ejecute esta reforma.

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