La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) puso en marcha la auditoría de las pensiones por invalidez laboral “una por una” que había anunciado el Gobierno a mediados del mes pasado. Fue tras hallar irregularidades en una muestra de más de 2500 de esos beneficios otorgados en los últimos años. Estimaron, a partir de esos primeros resultados, que entre el 30% y el 40% de más de un millón de pensiones fueron mal concedidas, según refirieron en ese momento a este medio.

El relevamiento arrancó la semana pasada por la ciudad de Buenos Aires, donde los registros indican que hay unas 27.000 pensiones activas, según informaron desde la Andis. Luego, avanzarán con las 300.000 vigentes en la provincia de Buenos Aires y las casi 99.000 de Chaco. Juntas, representan casi un tercio de los beneficiarios en el país.

Esta primera etapa, según prevén en la agencia, se irá proporcionando en las próximas semanas información sobre el alcance de lo que definieron como “anomalías graves” en el proceso para otorgar y gestionar esos beneficios durante la gestión anterior.

“Buscamos dar transparencia al sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral para que las mantengan y reciban quienes realmente lo necesiten y estén avalados por la ley”, señaló a través de un comunicado Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Andis. “El objetivo –continuó el funcionario– es que no se quite ningún beneficio a quien verdaderamente le corresponda, sino solamente a aquellas personas a las que le fueron otorgadas de manera fraudulenta durante las últimas gestiones, las cuales desde 2003 hasta la actualidad pasaron de 80.000 a un poco más de 1,2 millones en todo el país”.

De la auditoría médica sobre una muestra de 2559 casos –entre judicializados y seleccionados al azar del padrón– citada por las autoridades de la agencia, surgió que apenas un 7% reunía los requisitos de invalidez para poder trabajar. En Chaco, por ejemplo, la misma radiografía de hombro se había utilizado para justificar 150 pensiones por invalidez.

En el resto de los casos, identificaron que “no cumplían con los requisitos mínimos” de acceso a una pensión y, en diálogo con este medio, refirieron que habían anulado aquellas otorgadas de manera irregular. Solo una de esas personas a las que se le retiró el beneficio formalizó un reclamo para que se reviera esa decisión administrativa, según refirieron en la Andis.

“Se encontró un sistema de pensiones por invalidez poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude”, ampliaron desde ese organismo, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. “Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”, agregaron.

En los registros, detectaron dos circuitos para obtener una pensión: uno era el que seguían las personas con una necesidad cierta de esa asistencia por discapacidad laboral y el otro, “exprés”, como lo identificaron. En el primero, la entrega de la pensión podía demorar entre uno y dos años; en el segundo, concentrado en algunas provincias, se resolvía en dos meses.

Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Salta y Buenos Aires son las provincias donde más irregularidades detectó el equipo de la Andis.

A la vez, fueron Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Corrientes los distritos donde más pensiones se otorgaron en proporción con el tamaño de su población durante la presidencia de Alberto Fernández. “Había casos de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad alguna, incluidas personas con bienes de alto costo registrados, como aviones, embarcaciones, más de un automóvil y múltiples inmuebles”, señalaron funcionarios que hicieron el primer análisis de datos.

A partir de esa información es que estimaron que en 2023 hubo un desvío de fondos asignados a la Andis por unos US$3400 millones.

Fernando Galarraga, que estuvo al frente de la agencia durante la gestión de Fernández, salió a desmentir estas afirmaciones cuando el gobierno de Javier Milei anunció el mes pasado la revisión de 1,2 millones de pensiones por un monto informado de $210.000 por mes. En conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni exhibió la imagen de la radiografía de un perro que acompañaba el certificado médico por un trastorno de disco lumbar emitido por un médico de Corrientes. Es uno de los casos que aparecen en una denuncia tramitada este año por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9.

“¿A quién quieren engañar y meter el perro?”, tuiteó Galarraga, que atribuyó los dichos del vocero a “mentiras para argumentar la baja de pensiones no contributivas que se viene”. A modo de prueba, adjuntó la imagen parcial de un informe del 12 de octubre de 2022 con lo que sería un dictamen de auditoría médica sobre el caso mencionado por el vocero. “El interesado no adjunta ningún examen complementario que justifique las mencionadas patologías [por trastornos del disco lumbar y otros, con radiculopatía, disminución de la agudeza visual e hipertensión esencial]. Único examen complementario presentado corresponde a una radiografía que no pertenece a un ser humano”, se lee en la captura de ese informe.

Ante la consulta a propósito de ese mensaje, desde el entorno de Galarraga facilitaron a LA NACIÓN una nota del 17 de agosto de 2022 en la que se daba cuenta internamente de irregularidades para otorgar los certificados médicos en Salta, Córdoba, Corrientes y Tucumán.

Paula Martínez, directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Andis, solicitó en ese escrito a Galarraga y a Tomás Dineri, jefe de Legales del organismo, iniciar una investigación “de manera urgente” frente a “posibles irregularidades informadas” a su dirección a través de los canales de atención al público y medios de comunicación locales. Las denuncias daban cuenta del cobro de certificados médicos que son gratuitos o la participación de gestores para iniciar un trámite que es personal, médicos que confeccionaban certificados con los mismos diagnósticos y porcentaje de invalidez, y profesionales que extendían esa documentación en provincias en las que no tenían matrícula habilitante para hacerlo.

“Todas las actuaciones se suspendieron a resultas de lo que determine la Justicia”, aclararon a este medio sobre las decisiones administrativas tomadas con respecto de las pensiones asociadas con esas irregularidades detectadas hace dos años. “Las que se pidieron investigar, no fueron asignadas. Las demás, ya dependía de la definición judicial”, agregaron.

En la Andis, en tanto, el equipo de Spagnuolo informó que ese “aviso” interno de irregularidades no se tradujo en una denuncia penal formal ni están incluidos los médicos “actualmente denunciados”, que habrían seguido extendiendo certificados, según indicaron a partir de los registros cotejados con los nombres de profesionales y funcionarios incluidos en la nota interna de hace dos años.

En el análisis preliminar de más de 2500 pensiones este año, había personas que trabajaban en tareas que, por el diagnóstico documentado para declarar la invalidez, estaban supuestamente imposibilitados de realizar o que no tenían un problema de salud, sino que habían accedido a la pensión por ser pobres. Había beneficiarios que tenían un ingreso propio o familiar de hasta $1,5 millones por mes.

La salud mental fue el principal motivo en los certificados médicos para solicitar la pensión. En casos que están judicializados en el norte del país, dieron con un profesional que extendió un centenar de certificados y exigió montos de $40.000 a cambio de ese documento necesario para solicitar la pensión.

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