Jubiladas y jubilados del gobierno de Puerto Rico llegaron este jueves hasta la calle de La Fortaleza, en el Viejo San Juan, para reclamarle al gobernador Pedro Pierluisi que firme un proyecto de ley que concedería a los pensionados un incremento de hasta $300 mensuales.

El gobernador tiene hasta mañana, viernes, para estampar su firma en el Proyecto de la Cámara (PC) 2038, o de lo contrario, su inacción se traduciría en un veto. “Él tiene dos opciones, la Constitución le da dos opciones. La opción que le estamos solicitando, desde la calle, es que lo firme y lo convierta en ley. La otra opción que tiene es darle la espalda a los jubilados y a las jubiladas vetando el mismo”, subrayó Pedro Pastrana, del Capítulo de Jubilados de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR).

El PC 2038 busca aumentar en un 10% –durante una primera fase– las pensiones de los jubilados del gobierno, con excepción de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Universidad de Puerto Rico (UPR). La medida fue aprobada en la Legislatura y firmada por los presidentes de la Cámara y el Senado el 9 de julio.

“Llevamos 17 años sin ningún tipo de aumento. El Plan de Ajuste de Deuda indica que tenemos que esperar 10 años adicionales (para recibir un incremento). Muchos de los que estamos aquí no vamos a llegar allá, por eso necesitamos justicia ahora. En las manos del gobernador, está el proyecto 2038, y tiene hasta mañana (viernes) para firmar el mismo”, sostuvo Pastrana, desde un campamento que jubilados y jubiladas que establecieron frente a La Fortaleza.

Según la medida, posterior a ese primer aumento, se otorgarían incrementos anuales equivalentes a lo dispuesto en el informe de ajuste por costo de vida que emite anualmente la Administración del Seguro Social (COLA, en inglés). Por ejemplo, para 2024, los beneficios de Seguro Social, según COLA, tuvieron un alza de 3.2%, lo que, en promedio, representó $50 mensuales más.

“Él (Pierluisi) se comprometió a defender a los pensionados y a protegerlos… No nos está protegiendo. Al contrario, nos siguen bajando las pensiones. Es sumamete importante que él firme el proyecto y que cumpla su palabra de defender a los pensionados y a las pensionadas”, indicó, por su parte, Eulalia Centeno, del Junte de Jubiladas y Jubilados. “Estamos aquí, que nos llame para que le acompañemos a la firma del proyecto”, agregó.

Pierluisi se encontraba este jueves fuera de la Mansión Ejecutiva, en un recorrido por los pueblos del este del país –incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra– para evaluar los estragos que dejó a su paso la tormenta tropical Ernesto. El Nuevo Día solicitó declaraciones de La Fortaleza, pero al momento de esta publicación no hubo respuesta.

“(La pensión) no nos da, y más en estos momentos que cada vez se necesitan mas servicios y se proveen cada vez menos, especialmente en la luz, donde hay que estar gastando en gasolina y en medios para poder cubrir lo básico y seguir viviendo”, expuso Centeno.

Representantes del grupo se reunieron con representantes de la Oficina de Asuntos Legislativos de La Fortaleza el lunes. Posterior a ese encuentro, no ha habido más comunicación.

El grupo sostiene que la fuente de fondos para financiar el alza no debe ser pretexto para la inacción del gobernador ni para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechace la medida. “Sabemos que, si (la medida) llega a la Junta, la Junta tiene el poder de hacerle cambios a favor del pensionado y que no sea meramente negarse a que esto se apruebe”, señaló Centeno.

Según la medida, la fuente de financiamiento para otorgar este incremento provendría de los ingresos no comprometidos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en el pago de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). De aprobarse, el impacto de la medida para el año 2024-2025 fue estimado en $194.8 millones, según un análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

Para el año fiscal 2025-2026, de acuerdo al mismo estudio, el efecto fiscal del primer aumento fijo al COLA sería de $55.4 millones.

“Este proyecto no solo protege a los maestros jubilados y demás personal de las agencias del gobierno. También protege a los maestros y otro pesonal activo de las agencias del gobierno. Por eso, este proyecto le hace justicia salarial y social a los pensionados y, además, la Junta sabe que el dinero está identificado”, subrayó, por su parte, Pastrana.

Al respecto, Rafael Feliciano, portavoz del Capítulo de Pensionados de la FMPR, insistió en que no aprobar la medida tendría “consecuencias inmensas”, no solo sobre los 160,000 pensionados y pensionadas del gobierno, sino sobre cada uno de sus dependientes, que estimó en 320,000. “Nuestro llamado es a la cordura, a que firme el proyecto. Los fondos están asignados y que, en ese sentido, se fortalezca la economía del país. Cada dólar invertido en el pensionado genera $3 de actividad económica”, afirmó.