El gobierno tomó prestados otros $104.27 millones del Fondo de Pensiones en mayo y junio de 2024 después de haber superado, en abril, el hito de los $10,000 millones en este compromiso, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Después de la reforma de Pensiones de diciembre de 2022, el Gobierno de Bukele ha tomado $1,720.15 millones de este fideicomiso en el que se encuentran todas las aportaciones de los trabajadores, por lo que el ritmo de crecimiento ha sido de casi $96 millones al mes en promedio.

Si esta cifra se suma al consolidado de los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), instrumentos a los que fue consolidada la antigua deuda de pensiones, el total de este tipo de deuda es de $10,116.43 millones.

El monto es tan alto que representa el principal compromiso de la deuda pública de El Salvador. Si bien todavía no se ha publicado el “Perfil de Deuda del Sector Público No Financiero”, del Ministerio de Hacienda, correspondiente a junio, es posible averiguar el porcentaje que ocupaba en mayo: un alto 34 % del total.

Si bien las tomas más grandes del fondo de pensiones se registraron en 2023 (abril y octubre), el ritmo de crecimiento de esta deuda en 2024 ha sido mayor, con $103 millones versus los $91 millones del pasado ejercicio.

Para el economista Rafael Lemus, hay un gasto real que el Gobierno debe cubrir con esta toma de dinero, que son las pensiones de los sistemas del INPEP y del ISSS. Sin embargo, ya está probado que el gobierno ha estado triangulando estos fondos para utilizarlos en gasto corriente. El banco de inversión Barclays calcula que casi $300 millones tuvieron este destino.

Para Lemus, el problema capital es que lo más probable es que el Gobierno no devuelva el dinero que ha tomado del fondo de todos los trabajadores. Esto se consumará posiblemente, dice, en 2027. Y lo hará por una nueva reforma a la ley o por la nacionalización definitiva del Fondo.

En un mundo ideal, la misión de una empresa administradora de fondos de pensiones es administrarlo correctamente, a través de la diversificación del riesgo y del aumento de rendimiento. Así, es capaz de brindar mejores montos de jubilación. Sin embargo, en El Salvador la misma ley ata a que se deba invertir solamente en instrumentos públicos nacionales.

“En este país, los riesgos se concentran, además, en un emisor que no es confiable, el Gobierno de El Salvador, porque ya le incumplió en dos ocasiones, en 2017 y en 2023”, dice Lemus, refiriéndose al hecho de que, tras la reforma, la administración de Nayib Bukele acordó con las AFPs no pagar intereses ni capital durante cuatro años, lo que, en la práctica, se traduce como un incumplimiento.

“Es como que yo negocie con alguien que sé que no me va a pagar. Es irracional, contrario a los principios de la gestión de fondos de inversiones… es imposible que se obtenga un retorno a la inversión razonable para el riesgo tomado”, añade.

Lo mencionado por Lemus se puede comprobar en una simple comparación. Los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), con los que se emite la nueva deuda de pensiones tras la reforma, pagan un rendimiento del 7 % a un plazo de 50 años. Los bonos lanzados por el gobierno de El Salvador en abril de este año, con los que buscaba obtener $1,000 millones, tienen un interés del 12 % (que puede subir hasta el 16 % si no cumple algunas condiciones) y tienen solo 6 años de plazo.

“Al gobierno le sale más conveniente incumplirle a los trabajadores salvadoreños, que es un fondo que ya tiene cautivo, que al mercado internacional. Si el Gobierno no tuviera el Fondo de Pensiones, ya hace mucho habría tenido que incumplirle al mercado internacional”, opina Lemus.

Un sistema diseñado para fallar

Para la investigadora Sara Hércules, experta en el tema de pensiones, el problema (alarmante) no está solo en la gestión del gobierno central, sino en el diseño del sistema.

“Financieramente, el recorrido que ha tenido el sistema de pensiones a lo largo de las diferentes reformas ha mostrado que es vulnerable para su uso, tiene un bajo rendimiento, baja cobertura y una tasa de sustitución que no es alta”, comenta Hércules.

Para ella, en el sistema de pensiones hay una especie de expectativa que nunca se puede cumplir: pensar que es uno basado en el ahorro individual.

Esto es porque está hecho para que todas las pensiones lleguen a depender de un sistema de reparto. Si un trabajador se jubila cumpliendo todos los requisitos (años de trabajo cotizados, por ejemplo), debido a la baja rentabilidad que procura el sistema de pensiones salvadoreño, su cuenta individual solo le servirá para cubrir en torno a una década, por lo que luego pasará a depender de la CGS.

Por otro lado, las pensiones de los antiguos sistemas se financian a través de préstamos a lo aportado por cada trabajador a lo largo del tiempo. Una reforma a las Pensiones debía tener como objetivo prioritario acabar con esa especie de círculo vicioso, en el que se generan más compromisos con el Fondo de Pensiones para cumplir con la deuda previsional.