El equipo de Seguridad Social del Ministerio de Inclusión había prometido tener definida una nueva reforma de la jubilación antes de agosto y lo ha logrado prácticamente sobre la bocina. A última hora del martes, los negociadores de los sindicatos y la patronal ya acariciaban el acuerdo pero debían recibir los últimos textos que incorporaran todas sus aportaciones. Y no ha sido hasta esta mañana cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha encargado de arrancar su comparecencia para hacer balance del curso político anunciando este nuevo pacto social en materia de pensiones. Los cambios que recoge el acuerdo son los que quedaban pendientes desde la reforma de pensiones en dos fases que se llevó a cabo la legislatura pasada. A lo largo de las últimas semanas, Ejecutivo, patronales y sindicatos han negociado mejoras en la jubilación parcial y cambios en la modalidad de retiro activo; un nuevo procedimiento para establecer los coeficientes para adelantar la jubilación sin recortes en las profesiones penosas o peligrosas; y un nuevo esquema de colaboración entre la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras, derivado del último pacto de convenios que firmaron los agentes sociales.

Además, la actual regulación de la jubilación parcial anticipada de los trabajadores de la industria manufacturera, con condiciones más ventajosas que para el resto de sectores, se prorrogará hasta el año 2029 incluido.

Respecto a la jubilación activa, la otra modalidad para acceder de forma progresiva al retiro, se elimina el requisito de tener una carrera de cotización completa (esto implicaba haber generado el derecho a cobrar el 100% de la base reguladora), lo que facilita su acceso, en especial a las mujeres, que suelen tener peores vidas laborales que los hombres. Esta modalidad permitía a asalariados y autónomos seguir trabajando una vez jubilado y cobrar al tiempo el 50% de la pensión (el 100% en el caso de los autónomos con trabajadores a su cargo). Con esta reforma, se mantiene un año de espera para poder acceder al retiro activo desde que el trabajador se jubila y, a partir de ese primer año, podrá cobrarse el 45% de la pensión en el primer ejercicio; el 55%, el segundo año y así sucesivamente, este incentivo irá aumentando anualmente hasta la compatibilidad del 100%. Para los autónomos con asalariados, sin embargo, el cobro de esta compatibilidad se recortará del 100% al 75% en el primer año que se reciba e irá aumentando anualmente un 5% hasta el 100%.

En materia de retraso de la jubilación habrá una importante novedad: se podrán compatibilizar los incentivos a la jubilación demorada y la jubilación activa. Y, además, se hace un ajuste en la jubilación demorada, la modalidad en la que el trabajador sigue en su puesto más allá de la edad de jubilación. Concretamente, se establece la posibilidad de recibir un nuevo incentivo adicional por cada seis meses de demora a partir del segundo año de retraso del retiro, sin tener que trabajar todo un año completo para poder recibir dicho incentivo (que pasa a ser del 2% si se ejercita a los seis meses y se mantiene en el 4% si se trabaja todo un año demás), como ocurre en la actualidad.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado esta parte del acuerdo, al afirmar que “es de máxima relevancia para los pensionistas de hoy y del futuro y para los desafíos de nuestro mercado de trabajo, ya que acaba con la dicotomía entre trabajador y pensionista y se adapta a las necesidades de cada persona”.

Nueva regulación para las actividades penosas

Otra de las cuestiones que se han pactado en esta nueva reforma tiene que ver con la jubilación en profesiones penosas, tóxicas o de riesgo. Hasta ahora estos colectivos tenían que solicitar y negociar con la Seguridad Social unos coeficientes que les permitieran adelantar su retiro sin penalización de sus pensiones, a diferencia de las jubilaciones anticipadas ordinarias en las que si se recorta la pensión por el adelanto. En este punto, se ha establecido un procedimiento general, al que se tendrán que someter todos los colectivos que soliciten estos coeficientes de adelanto de la jubilación a partir de ahora.

También se ha aprovechado esta negociación, para concretar en la ley un nuevo marco de colaboración entre los servicios públicos de salud y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social que ya pactaron los sindicatos y la patronal en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en 2023. Esta cooperación consistirá en que los médicos de atención primaria del sistema público podrán derivar, solo en los casos de pacientes de enfermedades musculoesqueléticas, a las mutuas las pruebas diagnósticas y de rehabilitación, siempre que existan listas de espera públicas y tanto el facultativo como el paciente den su consentimiento expreso.

Si bien, uno de los mayores escollos en esta mesa del diálogo social ha sido la cotización de los fijos discontinuos para establecer el periodo de carencia para cobrar una pensión de jubilación. Existía un acuerdo en la mesa para recuperar el coeficiente del 1,5 para este colectivo —que hace por ejemplo que seis meses cotizados equivalgan a nueve meses—; y que los fijos discontinuos con contrato a tiempo parcial se beneficiaran también de la regla general de parcialidad que hace que cada día de alta en la Seguridad Social suponga un día completo cotizado. Pero en la reunión del pasado lunes, el Ministerio añadió una fórmula más restrictiva para calcular las lagunas de cotización de estos trabajadores que no gustó a los sindicatos. El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, Carlos Bravo, llegó a calificar la propuesta como una “diferencia ineludible” que impediría estampar la firma de esta central en el acuerdo, que ahora se ha ratificado. Finalmente, el Ministerio desistió de su propuesta a última hora del martes y las lagunas de cotización de los fijos discontinuos se tratarán como las del resto de trabajadores del Régimen General.

Leer más @elpais