La deuda del Gobierno con el Fondo de Pensiones superó en abril el hito de los $10,000 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). El saldo, en concreto, es de $10,012.16 millones.

Desde que se aprobó la última reforma de Pensiones, en diciembre de 2022, el Gobierno ha tomado $1,615.88 millones, a un ritmo de más de $100 millones al mes. Desde 2023, la administración de Nayib Bukele puede tomar dinero del fondo, sin ninguna restricción, a través de los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), que son emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), entidad creada por la nueva ley.

El resto de la deuda, $8,396.28, es heredada de las anteriores gestiones. Estos compromisos se convirtieron en los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT).

La utilización que ha hecho el gobierno del Fondo de Pensiones en 2023 se sale totalmente de la tendencia presentada en los periodos anteriores. Por ejemplo, si se toma en cuenta desde 2018, es posible comprobar que se han tomado en torno a $384 en cada ejercicio, pues es en esa cifra en lo que ha aumentado el saldo.

El año pasado, tomando en cuenta lo emitido en COP y en la transformación de la antigua deuda en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), el alza fue de $1,203 millones, es decir, casi cuatro veces más que la tendencia anterior.

Pero allí no acaba el problema: solo entre enero y abril de 2024, la administración de Nayib Bukele ha tomado $518 millones, una media de $129 millones mensuales, casi un tercio mayor que la tendencia del año pasado.

¿Para qué, según la ley, puede el Gobierno tomar dinero prestado del fondo de pensiones? Para pagar las pensiones de los antiguos sistemas del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

El gobierno triangula el dinero de los trabajadores para gasto corriente

Pero, según el banco de inversión Barclays, la administración de Bukele ha estado usando el dinero, también, para financiar sus actividades. A principios de marzo, la entidad publicó un informe en el que hace un señalamiento que ya había sido realizado, largamente, por instituciones como la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna.

El cálculo de Barclays es de una necesidad para los antiguos sistemas del INPEP y del ISSS de $800 millones, es decir, casi $300 menos de los que se tomaron en 2023, $1098 millones.

La empresa salvadoreña Hencorp creó un fondo especializado en instrumentos públicos, el Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija I (FICRF). Según expone Barclays, su tenencia de bonos del Tesoro ascendía a $305 millones cuando hizo la revisión. Citando informes de la Bolsa de Valores de El Salvador, concluye que el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) es el principal inversor en ese fondo. Para Barclays, es probable que haya usado esos $300 millones adicionales para ello.

La entidad también ubicó otra estrategia usada por el ISP, a través del Banco Hipotecario.

“Según la Bolsa de Valores de El Salvador, el banco comercial estatal emitió alrededor de $225 millones en nuevos bonos en 2023, y los reportes bursátiles mostraron que las AFP han sido los principales compradores de estos instrumentos”, dice el informe. Barclays remarca que, si bien la última reforma previsional prohibió a las AFPs comprar deuda pública, parece que la deuda emitida por el Banco Hipotecario está fuera de “ese ámbito”.

El Banco Hipotecario se usó para algo adicional. Este registró un aumento de sus depósitos de unos $310.3 millones a principios 2023.

“Suponemos que este aumento fue financiado principalmente por las AFP, que registraron un aumento similar de $280 millones en su exposición al Banco Hipotecario en el primer trimestre del año”, señala el documento.

En conjunto, los recursos procedentes del aumento de los depósitos y de la emisión de bonos permitieron al Banco Hipotecario incrementar sus inversiones financieras en $506 millones de dólares. Históricamente, alrededor del 95% de estas inversiones se han concentrado en títulos públicos.

“Para aumentar su exposición al Banco Hipotecario y a otros bancos, las AFPs disminuyeron sus activos externos en alrededor de $370 millones en 2023 y sus activos del gobierno central como certificados del tesoro y bonos domésticos en $500 millones”, sentencia Barclays.

El problema de fondo, sin embargo, sigue siendo el del desorden en las finanzas públicas.

“El gobierno tiene un problema de deuda que se está volviendo insostenible. Y todo es provocado por el exceso de gasto. La deuda no se resuelve con más deuda”, dice el economista Rafael Lemus.

Cuando Barclays publicó su informe, el primer mandatario Nayib Bukele respondió que la entidad lo hacía porque estaba “irritada” con su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

“Les demostraremos que están equivocados”, afirmó Bukele en su cuenta de X.

Para Patricio Pineda, de la Mesa del Trabajo por una Pensión Digna, la celeridad con la que ha aumentado la deuda con el Fondo de Pensiones es una muestra de que la reforma no tenía como objetivo resolver el problema previsional en el país, sino encontrar otra fuente de financiamiento para el Gobierno. De allí que haya sido tan inconsulta.

“En la práctica, la reforma les sirvió para convertir, de manera oficial, al Fondo de Pensiones en su caja chica. Solo hace falta ver que le dieron al Instituto Salvadoreño de Pensiones la facultad de hacer emisiones sin análisis de riesgo”, comenta Pineda.

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