La Contraloría General de la República confirmó que durante la tarde de ayer miércoles ofició a los ministerios de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y del Trabajo, a raíz de la polémica campaña “Mejores pensiones para Chile”, impulsada por la Subsecretaría de Previsión Social y que circula desde hace algunos días por redes sociales.

En concreto, el ente contralor pidió que la cartera liderada por Jeannette Jara (PC) entregue un informe con los antecedentes que respaldan dicho spot.

Con el oficio, se dio respuesta a la petición de Chile Vamos para que Contraloría investigara el uso de recursos públicos en la campaña. Los parlamentarios Cristián Labbé (UDI), Henry Leal (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Frank Sauerbaum (RN) y Jorge Guzmán (Evópoli) cuestionaron que se destinara presupuesto para fomentar un proyecto de ley que está en tramitación.

En la pieza audiovisual, los protagonistas recrean una escena familiar y aparecen tomando “once”, debatiendo sobre un “seguro social” (que “pinta bueno”, dice una de las comensales), aspecto que fue incluido en la reforma previsional que impulsan la ministra Jara, y el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes.

Los diputados de oposición cuestionaron que en el video se incluyeran frases como “cada uno suma hoy” y que “es algo que nos va a proteger a todos y que te va a servir a ti también cuando seas viejo”. Además, apuntaron a que el gobierno estaría usando recursos públicos “para tratar de convencer a los chilenos que, a juicio de ellos, el mejor camino para subir las pensiones es el sistema de reparto, lo que todos saben que no es así”.

La polémica escaló aún más luego de que la Subsecretaría de Previsión Social revelara que el costo de esta estrategia publicitaria, desarrollada por la agencia CyberCenter, está incluida en un contrato que alcanza inicialmente los 430 millones de pesos. Y que considera la difusión de la Reforma Previsional ($147 millones) y de otras iniciativas como la Ley Sanna y la Ley Karin, entre otras.=

Por una cláusula de contrato, el gasto fiscal podría subir en un 30% más, a requerimiento de la contraparte técnica. Es decir, la campaña podría llegar a los 550 millones de pesos.

En el último tiempo, Contraloría había validado que este tipo de spots para promocionar una reforma se pudieran difundir en redes sociales o sitios web de los respectivos ministerios. Eso sí, ha advertido a los últimos gobiernos que el gasto de publicidad debe ser restringido y, esencialmente, debe limitarse a la difusión de leyes con su tramitación completa.

No obstante, desde el gobierno defienden el desembolso. “La Subsecretaría de Previsión Social, en concordancia con sus funciones, realiza campañas comunicacionales en el ámbito de la seguridad social y educación previsional. Es, en ese sentido, la institución que administra el contrato de licitación pública con la agencia creativa CyberCenter, encargada de llevar a cabo el spot”, señalaron desde esa repartición.

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