En medio de la ola de reformas de los sistemas de pensiones en varios países de América Latina, la calificadora Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) lanzó una alerta por los efectos que esas iniciativas pueden tener sobre la calificación soberana si estas no logran atenuar el impacto en las finanzas públicas, entre otros aspectos.

Al analizar las reformas pensionales aprobadas en Brasil, México y Uruguay, así como los proyectos que se adelantan en Colombia, Chile y Perú, la firma consideró muy probable que “la mayoría de reformas propuestas serán neutrales o positivas para las calificaciones soberanas, dependiendo de cómo afecten los resultados fiscales, cómo beneficien la composición de la deuda y el desarrollo de los mercados locales, y cómo reflejen la efectividad institucional”.

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Para los analistas de S&P, medidas ineficaces o inoportunas pueden traducirse en un mayor gasto en pensiones y aumentos de la deuda que, a su vez, podrían limitar las expectativas de crecimiento económico. Al mismo tiempo, si las pensiones no mejoran, podría generar descontento social, sobre todo, a medida que la población sigue envejeciendo.

Al referirse al proyecto de reforma pensional que se discute en el Congreso, la calificadora señaló que, si bien los detalles de la iniciativa aún están en proceso, una mayor relevancia para el sistema público de beneficios definidos puede ser fiscalmente neutral en el corto plazo, dado que los activos de las pensiones privadas se redirigirán al sistema público y se reducirán los subsidios implícitos a los percentiles de ingresos más altos.

Pero advierte que el aumento de la cobertura se traducirá en mayor presión presupuestaria, especialmente considerando que la edad de jubilación, los índices de reemplazo y otros parámetros estructurales se mantienen intactos.

Los fondos privados de pensiones han desempeñado un papel clave en el desarrollo de los mercados de capital

Cálculos de diversos centros de estudios apuntan a que con la reforma propuesta por el Gobierno el pasivo pensional se elevaría entre 182 y 196 por ciento como proporción del PIB.

Otro de los aspectos de la reforma pensional que llaman la atención de S&P tiene que ver con las condiciones en que operaría el fondo público que se crearía con dicha iniciativa de aprobarse como está planteada.

“Las reglas y procedimientos sobre el uso del nuevo fondo público de pensiones siguen sin estar claros, sobre todo en cuanto a cómo se evitarán gastos no relacionados con las pensiones”, sostiene la calificadora al hacer énfasis en que “esto es importante porque los fondos privados de pensiones han desempeñado un papel clave en el desarrollo de los mercados de capital”.

Al cierre del año pasado los fondos privados de pensiones tenían invertidos en el mercado de capitales colombiano más de 406 billones de pesos, de los cuales entre el 83,4 y el 30,8 por ciento están colocados en deuda pública, según la Superintendencia Financiera.
Las otras reformas

Pero ¿qué dice S&P sobre las reformas que están en curso en Chile y Perú, y las que ya se aprobaron en Brasil, México y Uruguay?

Si la reforma genera una mayor presión que la esperada, podría afectar la calificación

De la chilena, por ejemplo, sostiene que tras los problemas surgidos por las bajas tasas de contribución a los fondos privados, las menores rentabilidades y la caída del ahorro pensional, luego de que el Congreso aprobó el retiro anticipado de una parte de recursos de los fondos, el Gobierno busca reforzar los ingresos de jubilación con una contribución patronal adicional de 6 por ciento del salario de los trabajadores, que podría dividirse ente cuentas individuales y un pilar contributivo solidario, cambios que la firma espera que se aprueben.

Sin embargo, el año pasado la calificación de Chile se revisó a negativa, ante el “fracaso de la clase política” de encontrar consenso para aprobar e implementar reformas para reconstruir las reservas fiscales y externas que se erosionaron en la pandemia, así como para darle impulso a su economía y mejorar los estándares sociales.
Frente a la reforma pensional de Perú, con la que se busca limitar los retiros de pensiones (durante la pandemia se autorizaron seis, que redujeron en 40 por ciento el ahorro pensional) y mejorar los beneficios y la cobertura, la calificadora considera que esos ajustes serían muy positivos para la población.

“Los costos fiscales parecen contenidos, pero si la reforma genera una mayor presión que la esperada, podría afectar la calificación”, advierte la firma que en marzo del 2022 le bajó la calificación a BBB de BBB+ debido a la situación política que impactó la confianza de los inversionistas y las expectativas de crecimiento económico, entre otros factores.
Presiones fiscales

Las reformas pensionales aprobadas en Brasil, México y Uruguay, han mejorado en parte su situación fiscal e incorporado beneficios para las personas.

La reforma pensional brasileña “en nuestra opinión, refleja un marco institucional cada vez más pragmático que ayuda a anclar la estabilidad macroeconómica y a que subiéramos la calificación soberana de largo plazo a BB de BB- en diciembre del 2023”, indico la firma.

Frente a la mexicana, adelantada en 2020, se buscó evitar los problemas relacionados con los bajos ingresos de jubilación en os sistemas privados. Pero el presidente López Obrador envió al Congreso una propuesta de reforma previsional que busca aumentar las tasas de reemplazo al ciento por ciento del salario mínimo, pero en S&P dicen que no está claro si las fuentes de financiamiento serán suficientes para lograr el objetivo de la reforma y si esta “podría afectar nuestra evaluación fiscal del soberano”.

Por último, de la reforma uruguaya, en su análisis S&P señala que esta no cambiará mucho el desempeño fiscal en los próximos dos años, puesto que su implementación será gradual.

Pero consideran, a su vez, que la capacidad de aprobar una reforma, que contendrá la presión sobre el presupuesto en el mediano y largo plazo, agravada por las tendencias demográficas, refleja la fortaleza de sus instituciones.

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