El Gobierno Federal ha presentado ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma al sistema de pensiones. Esta reforma tiene como objetivo permitir que los trabajadores puedan pensionarse con el 100% del último salario percibido.

Para lograr este objetivo, se requerirá la participación del Estado, que contribuirá para alcanzar un tope equivalente en las pensiones.

Es decir, si un trabajador gana de salario 8 mil pesos, y en su cuenta de ahorro tiene 3 mil pesos, el Estado va a disponer para que el trabajador logre retirarse con 8 mil pesos.

Pero, si un trabajador gana 25 mil pesos y su cuenta de ahorro tiene 12 mil pesos, el Estado aportará para que el máximo a recibir sea el equivalente a un salario mínimo (actualmente 16 mil pesos).

Actualmente, en México hay 55.6 millones de cuentas individuales de ahorros administradas por afores, las cuales se podrían ver beneficiadas con la reforma del sistema de pensiones del Gobierno Federal.

Con la reforma al sistema de pensiones en 2020, se logró un acuerdo para que las afores se usen como medio para invertir los recursos y poner al trabajador en el centro del sistema de pensiones, con aportación de empresarios.

En abandono el futuro de trabajadores

Varias generaciones de trabajadores viven en la incertidumbre sobre la pensión. Y es que hace 27 años, el Estado mexicano desamparó a los trabajadores y puso sus ahorros en manos de las afores, que hoy en día tienen 6 billones de pesos.

Éste es uno de los sellos que dejó el Gobierno de Ernesto Zedillo, que así como el Fobaproa, concedió que nuestro país pasara de un sistema de pensiones en el que había un modelo administrado y pagado por el estado, a uno administrado por manos privadas.

Con la reforma, en 1997, se cambió la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esto tuvo un impacto en los trabajadores, pues dependían de lo que ahorren y coticen para lograr obtener una pensión digna, algo que se puede considerar inalcanzable.

Pero, ¿qué planteaba la ley del 73?

• Las pensiones eran administradas por el estado y operaba bajo contribuciones tripartitas (trabajador, estado y empleador). Permitía a los trabajadores obtener una pensión cuyo monto dependía de la edad a la que se retiraba y del promedio de su sueldo en los últimos cinco años previos al retiro.
• Dos modalidades: retiro por cesantía (entre los 60 y 64 años) y por vejez a partir de los 65 años.
• El trabajador tenía que haber cotizado 500 semanas como mínimo, que equivalen a 10 años de trabajo.

Según el Gobierno de Zedillo, ese modelo representó un problema para las finanzas públicas, una justificación más fue que el IMSS estaba a punto de una crisis económica y no podría seguir pagando a los nuevos jubilados.

Por lo que se dio paso a una serie de reformas. La diferencia se centra en el número de semanas de cotización y en el monto.

Con la ley del 97 se necesitan 825 semanas, las y los trabajadores se pensionan por tres vías:

• Renta vitalicia: el asegurado paga y contrata un seguro (afore) para su retiro.
• Retiro programado: aporta el empleador y trabajador, quien debe contratar una afore que calculará el monto que recibirán.
• Pensión mínima garantizada es la que genera el trabajador con salario mínimo.

Esa reforma llevó al Gobierno a cambiar el sistema, para deshacerse de toda responsabilidad y creó las afores.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), de enero a diciembre del año pasado, las 10 afores que operan en México, registraron ingresos por comisión superiores a los 30 mil 327 millones de pesos.

Quitando costos de operación, de regulación, personal y servicios, la utilidad bruta para las administradoras es de 9 mil 616 millones de pesos.

De aprobarse la reforma propuesta por López Obrador, se saldaría la deuda con las y los trabajadores que quedaron en el abandono por los intereses de los periodos neoliberales.