La reforma al modelo de pensiones chileno ha sido una de las principales banderas del Gobierno de izquierdas de Gabriel Boric, que esta semana enfrentará jornadas cruciales en el Parlamento para lograr su aprobación. Luego de la votación en la comisión de Hacienda de los diputados este lunes, el pleno de la Cámara de Diputados votará el proyecto entre este martes y miércoles. Primero la idea de legislar (es decir, la iniciativa en general) y, luego, en particular, donde se abordarán aspectos controversiales, como el componente de solidaridad. El Ejecutivo necesita 78 de los 155 votos para que siga la ruta legislativa al Senado, ya en marzo, aunque no tiene mayorías ni entre los diputados ni entre los senadores. En marzo de 2023, la reforma tributaria se cayó en su primera etapa legislativa cuando recién comenzaba la tramitación, lo que se quiere evitar desde todos los frentes en esta ocasión.

Para una Administración que se acerca a su primera mitad con diversas dificultades políticas –el 11 de marzo La Moneda conmemora la mitad del período de cuatro años, que finaliza en 2026–, los cambios al sistema de pensiones se han convertido en su principal objetivo, junto con el Pacto Fiscal necesario para financiar esta reforma y otras iniciativas. Ante un 2024 y 2025 marcado por un tren de elecciones, el oficialismo busca que esta reforma sea su principal legado. Ha sido el presidente Boric y sus principales ministros los que han reforzado el mensaje de la necesidad de llegar a acuerdos, ante una oposición que les recuerda sus posiciones pasadas en torno a los consensos. “Ahora el Gobierno demanda acuerdos cuando consideró que los 30 años [1990-2020] fueron los peores de la historia, porque la Concertación transó con la derecha”, dijo en EL PAÍS uno de los líderes históricos de la derecha tradicional, Pablo Longueira.

Luego de que el 17 de diciembre se rechazó la nueva propuesta de Constitución en un proceso protagonizado por las derechas, el Gobierno de Boric nuevamente hizo un llamamiento a los acuerdos y, a las pocas horas, la ministra de Trabajo, Jeanette Jara, militante comunista, anunció la reactivación de la reforma de las pensiones, en un nuevo intento del Ejecutivo por sacarla adelante. En esa ocasión, Jara anunció renovadas indicaciones y una nueva distribución del aumento de 6% en las cotizaciones, el corazón del proyecto oficialista.

El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, socialista, que lleva las relaciones con el Congreso, se refirió a este asunto por esos días en EL PAÍS. “El Gobierno ha tenido mucha flexibilidad. La propuesta original de pensiones ha sido modificada y hemos puesto sobre la mesa distintas alternativas, pero hay un principio básico que nos parece necesario consagrar, que es lo que le da sentido a la reforma: la reforma de pensiones es para mejorar las pensiones. Pues bien, una propuesta que implica que habrá un aumento del monto de las pensiones pero en varias décadas más, no resuelve el problema que afecta hoy a los pensionados. Por lo tanto, el Gobierno actúa con flexibilidad, pero hemos sido explícitos en que necesitamos un sistema que técnicamente de respuestas a la principal razón para llevar adelante las reformas: mejorar las pensiones a la brevedad posible”.

El destino de un 6% extra de cotización

La reforma de las pensiones es una tarea pendiente de la política chilena hace más de 10 años, pero los dirigentes no han logrado ponerse de acuerdo. El sistema chileno rige desde 1981 y está basado principalmente en la capitalización individual administrada por privados, las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP). Estos organismos recaudan, pagan las pensiones, administran los fondos y son clave para el sistema financiero chileno. Uno de los problemas centrales del sistema está en las bajas tasas de reemplazo (la pensión en relación al salario que obtienen los trabajadores en su vida laboral), pese a que la Pensión Garantizada Universal (PGU) del segundo Gobierno del derechista Sebastián Piñera (2018-2022) ayudó a mejorar las pensiones de los más pobres. La misión pendiente siguen siendo, principalmente, los amplios sectores medios.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió hace unos días a este elemento del nuevo proyecto: “La mediana de las pensiones para los actuales pensionados, queda con una relación directamente proporcional a los años cotizados, pasando de 237.828 pesos (261 dólares) hasta cinco años cotizados a 538.577 más de 30 años (592 dólares) y en régimen a 972.213 para más de 30 años cotizados (1069 dólares)”.

El proyecto de ley, que el Gobierno ha pedido al Parlamento discutir con suma urgencia, crea un nuevo sistema mixto de pensiones. El Ejecutivo ha explicado que tiene dos objetivos principales: mejorar el monto y cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU) hasta los 250.000 pesos (275 dólares) y crear un Seguro Social en el Pilar Contributivo. Este pilar, de acuerdo al proyecto, sería financiado con la cotización adicional de 6% de la renta imponible, con cargo del empleador. El Ejecutivo defiende que mejorará las pensiones actuales y futuras y, sobre todo, las jubilaciones de las mujeres, a través de diversos mecanismos solidarios. Aunque la idea del original del Gobierno era destinar el 6% a un fondo solidario para subir equitativamente las pensiones, hizo suya la propuesta de la Democracia Cristiana (DC) y llegó a acuerdo con fuerzas políticas del Congreso que no están en los grandes bloques (Demócratas, el Partido de la Gente y la propia DC) y con diputados independientes: del 6% de cotización adicional, un 3% se iría a las cuentas individuales de los trabajadores y otro 3% a solidaridad.

La derecha, en cambio, busca que ese 6% íntegro vaya a las cuentas individuales de los cotizantes. Y, en consecuencia, tanto la derecha tradicional agrupada en Chile Vamos como la extrema del Partido Republicano han anunciado que rechazarán la idea de legislar (la votación en general del proyecto). La ministra Jara, sobre esta etapa en el pleno de la Cámara de Diputados, aseguró este lunes: “Si no nos ponemos de acuerdo siquiera en la idea de legislar es como que le estuviésemos diciendo a los miles de chilenos y chilenas que viven muy mal, que no alcanzan a llegar a fin de mes y que sus pensiones realmente son muy bajas, que este tema para el sistema político no resulta tan importante o tan prioritario como en realidad lo es para cada uno de ellos en sus vidas”.

De acuerdo a la encuestadora Cadem, el 65% del total de encuestados prefiere que el 6% extra de cotización vaya a la cuenta personal del trabajador. Mientras, el sondeo dado a conocer el domingo mostró que un 43% de la población tiene poco conocimiento sobre la propuesta y que un 51% está en contra del proyecto del Gobierno.

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