El plan del presidente Gabriel Boric para reformar el sistema privado de pensiones de Chile, creado en los años 80 durante la dictadura de Augusto Pinochet, superó uno de sus primeros obstáculos en el Congreso esta semana.

El proyecto de ley de pensiones fue aprobado con el apoyo de la coalición de Gobierno en una votación realizada en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados el lunes por la noche. Si el proyecto logra la aprobación en el Congreso en su estado actual, terminaría con las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP), cuyos US$180.000 millones en activos bajo administración han sido la base de los mercados de capitales del país.

Las AFP serán reemplazadas por nuevas empresas privadas —y una opción estatal— que se centrarán únicamente en invertir los ahorros de los trabajadores. Una entidad estatal será la encargada de recaudar los ahorros y pagar las pensiones, algo que actualmente hacen las AFP. También aumentará una pensión mínima garantizada pagada por el Estado para todos los chilenos y obligará a los empleadores a contribuir con el 6% de los salarios de los trabajadores al ahorro.

Para asegurar el apoyo al proyecto de ley, el Gobierno aceptó los cambios propuestos por la Democracia Cristiana y otros partidos centristas. Afirmó que la mitad del 6% adicional se destinará a cuentas individuales y el resto a un sistema de pensiones colectivo para financiar las pensiones actuales de los jubilados. Ese ha sido uno de los temas más polémicos, ya que los partidos de oposición de derecha opinan que la totalidad del 6% debería ir a cuentas individuales. También han dicho que el aporte patronal puede estimular una mayor informalidad laboral.

“Después de 14 meses de tramitación de la reforma previsional, hoy día hemos dado un paso fundamental”, dijo la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, después de la votación.

Las administradoras privadas de pensiones sufren de mala reputación en Chile. Su eliminación ha sido durante años una demanda clave de muchos grupos sociales, principalmente de izquierda, particularmente después de los disturbios sociales que azotaron al país en 2019. Se les acusa de pagar cantidades exiguas que dejan a las personas viviendo bajo el nivel de la pobreza, incluso cuando las administradoras de fondos han permitido a Chile tener uno de los mercados de capitales más dinámicos de América Latina.

El proyecto de ley ahora se someterá a votación en el Comité de Hacienda de la Cámara Baja y luego en el pleno de la Cámara antes de pasar al Senado.

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