El 2024 ha llegado, y con él, la temida realidad: este año se acaban las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido de pensiones. Así lo habían advertido tantos los actuarios de la Caja de Seguro Social (CSS), como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin que las autoridades hayan hecho ningún movimiento para frenar la debacle.

El pronóstico era que las reservas del subsistema de IVM y el fideicomiso a su favor se agotarían entre el último trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, advirtió la Junta Técnica Actual (JTA) desde el año 2022.

El fin de las reservas supone el momento más crítico de la CSS. Como los pagos a los jubilados aumentan cada año y los ingresos provenientes de la cuota obrero-patronal que se designan a este programa no son suficientes para hacerle frente a estos compromisos, se toma dinero de las reservas o ahorros para pagar las pensiones.

Esto significa que si las reservas se agotan, la solución temporal sería que el Gobierno inyecte fondos adicionales, aumentando los depósitos en el fideicomiso del IVM. Esta medida, sin embargo, intensificaría las presiones fiscales en Panamá, que enfrenta dificultades para reducir sus gastos corrientes y depende en gran medida de la contratación de más deuda para financiar sus operaciones.

De allí que lo que suceda en la IVM tiene gran impacto para todo el país. Pero en la rebatiña del presupuesto general del Estado del 2024, aprobado al filo del límite, el tema económico y financiero más importante de Panamá no formó parte de la discusión a pesar de la sentencia de muerte.

Desde septiembre de 2023 se había prometido reestructurar y reanudar el diálogo por la CSS para que tuviera una participación tripartita, en el que estuvieran representados la empresa privada, los trabajadores y Estado, e intentar encontrar una solución.

El diagnóstico estaba dado, pero el diálogo- que se mantiene en parálisis desde diciembre de 2021- nunca se reactivó.

Además, la designación pendiente por parte del Ejecutivo de uno de los tres actuarios para completar la Junta Técnica de Actuarios (JTA), encargada de realizar recomendaciones sobre las transferencias de reservas al programa de beneficio definido para el pago de jubilados, se añade a la falta de avances en este crucial proceso.

Un informe de las inversiones de la CSS, entregado por la administración a la junta directiva, revela que el subsistema exclusivamente de beneficio definido tenía reservas financieras por $1,591 millones al mes de julio. Pero no se sabe qué cantidad de este dinero ya estaba comprometido para el pago de las pensiones al cierre del año 2023.

A mediados del año pasado, la Dirección Nacional de Finanzas y Administración de la CSS calculó que el subsistema exclusivamente de beneficio definido IVM tendría ingresos corrientes por $2,058 millones, mientras que sus gastos alcanzarán los $2,688 millones en 2024.

Con estas cifras a la mano, Félix Camargo, director de Finanzas, dijo a la directiva de la CSS que en el caso del IVM, el subsistema exclusivamente de beneficio definido enfrenta un “problema estructural, con un déficit de $629 millones que se está proyectando pagar con los reingresos de capital, que incluirán eventualmente los fideicomisos y los valores del Estado y los depósitos a plazo fijo que no se renovarán”.

Ya la OIT había advertido en el informe que entregó en septiembre de 2022, que el Estado debía identificar nuevas fuentes de financiamiento para cubrir el déficit creciente, ya sea mediante la redefinición del fideicomiso a favor del IVM, el incremento de las transferencias que se hacen anualmente, o a través de otro instrumento alternativo que se defina.

Pero el silencio y la inacción de la administración de Laurentino Cortizo indican que la responsabilidad será trasladada por completo al mandatario que escoja el país en el mes de mayo.

“La nueva administración tiene la tarea inminente de revisar el futuro del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS). Es claro que la solución no se presentará por arte de magia, sino que requerirá un enfoque técnico, científico y matemático que ofrezca una solución real y a largo plazo para la población”, dijo ayer 31 de diciembre el presidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Fábrega.

La OIT ha advertido que la reducción progresiva de los cotizantes activos, y por tanto de los ingresos por contribuciones, además del agotamiento en el 2024 de la reserva total del subsistema y el incremento acelerado esperado en la cantidad de nuevas pensiones, creará una fuerte presión en el financiamiento del gasto. “El déficit operativo anual proyectado en términos nominales crecerá y alcanzará un tope máximo anual en 2050 cercano a los $7mil 500 millones”.

 

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