El magistrado Froylán Muñoz Alvarado consideró “histórica” la decisión de la jueza Elizabeth Trejo Galán, quien concedió una suspensión definitiva en el juicio de amparo 1754/2023 contra el decreto legislativo que busca extinguir los Fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

En entrevista para Aristegui En Vivo, Muñoz Alvarado destacó la singularidad de este caso, el cual, señaló, se convierte en un desafío para la estabilidad financiera del Poder Judicial de la Federación.

“Estamos en esa circunstancia de un decreto legislativo que, de concretarse, impactaría directamente en 13 fideicomisos destinados al Poder Judicial”, dijo,

Al referirse a la suspensión definitiva, Muñoz Alvarado explicó su significado: “Las cosas permanecen en el estado que se encuentran. Los trece fideicomisos siguen funcionando tal como se instituyeron originalmente”.

Esto, aseguró, asegura la continuidad de las funciones esenciales, desde la infraestructura judicial hasta las cuestiones médicas y pensiones complementarias; evitando que se afecten a más de 1,700 jueces y a las 58,000 personas que conforman la judicatura federal.

La figura legal de la “apariencia del buen derecho” utilizada por la jueza genera expectativas para el futuro del caso, afirmó Muñoz Alvarado, quien la definió como “un estudio anticipado al fondo”.

En cuanto a lo que sigue, el magistrado enfatizó la expectativa de una resolución que definirá el destino de los fondos de los fideicomisos, con la posibilidad de impugnaciones y revisiones que podrían llegar hasta la Corte.

Visión sobre la Reforma Judicial de AMLO:
Muñoz Alvarado también compartió sus pensamientos sobre la propuesta de reforma judicial que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En particular, cuestionó la viabilidad de la creación de un tribunal de jueces, afirmando que la disciplina de los jueces ya está supervisada por el Consejo de la Judicatura Federal.

“Crear un tribunal especial para juzgadores iría en contra de la propia Constitución“, argumentó.

En cambio, abogó por reformas constitucionales integrales en lugar de medidas aisladas.

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Sobre la sugerencia de una elección popular de ministros, el magistrado defendió el sistema existente, asegurando que la experiencia y conocimientos jurídicos son fundamentales.

Rechazó la idea de elegir jueces basándose en la fama pública, haciendo una analogía con la necesidad de especialización en otras disciplinas, como la medicina.

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