Por Ana María González Franco  

El envejecimiento poblacional ha provocado un incremento en el gasto público destinado a pensiones y jubilaciones a lo largo del tiempo. Este desafío presupuestario puede ser abordado con base en dos categorías de pensiones: contributivas y no contributivas.

Las pensiones contributivas son exclusivas para los trabajadores del sector formal, es decir, aquellos con contratos laborales que incluyen seguridad social, ya sea IMSS o ISSSTE. La normativa de estas pensiones ha experimentado cambios legislativos significativos a lo largo del tiempo, iniciando con la entrada en vigor de la Ley del Seguro Social del 1997 (DOF, 1997), que sustituyó a la de 1973 (DOF, 1973).

Este cambio marcó la transición de un sistema de beneficio definido a uno de contribución definida, corrigiendo la trayectoria de las finanzas públicas. Sin embargo, la tasa de reemplazo de retiro, entendida como el flujo de ingresos durante el retiro como porcentaje de los ingresos durante la vida laboral activa (Villagómez, 2014) para los trabajadores no fue adecuadamente considerada en este cambio legislativo.

La última reforma a la Ley del Seguro Social en 2020 (DOF, 2020) mejoró las reglas a favor de los trabajadores al aumentar el porcentaje de contribuciones obligatorias totales de empleadores y gobierno (sin incrementar la contribución de los individuos) del 6.5 % al 15 % y reducir el número de semanas de cotización necesario para la jubilación y la pensión mínima garantizada de 1,250 a 750 semanas.

Antes de esta reforma, la tasa de reemplazo era baja en comparación con la ideal, oscilando entre 70 y 85 % de los ingresos previos a la jubilación (Vanguard, 2019). La reforma de 2020 elevó la tasa de reemplazo, por ejemplo, de un 40 % a un 59 % para personas con ingresos mensuales de dos Unidades de Medida y Actualización (UMA). Para aquellos con ingresos de cinco UMA, la tasa pasó de un 21 % a un 45 %. (Nota: una UMA equivale a 3,153.70 pesos mensuales).

Las pensiones no contributivas buscan proporcionar un ingreso mínimo a un grupo objetivo. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBPAM) es el programa federal de transferencias directas en México. El programa inició en 2007, la población objetivo eran las personas en condiciones de pobreza en comunidades rurales y el monto mensual de apoyo era 500 pesos. Más tarde, en 2019, la PBPAM se volvió universal, es decir, para todas las personas de 68 años o más y el monto mensual se incrementó a 1,275 pesos. Además, en 2021, disminuyó la edad de las personas beneficiarias a 65 años y más; en 2022, se incrementó el monto de apoyo a 1,925 pesos; en 2023 a 2,400 pesos, y, de aprobarse el PEF, en 2024, se proyectan incrementos de 25 % en donde todos los adultos mayores de 65 años o más recibirán 3,000 pesos mensuales.

En suma, aunque el aumento de la población impulsa el gasto público en pensiones, las reformas legislativas han mitigado el problema a largo plazo para las pensiones contributivas. Sin embargo, las pensiones no contributivas han evolucionado hacia un programa universal para personas de 65 años o más con transferencias en efectivo con aumentos anuales significativos que afecta el gasto público del país.