Chile. Gobierno aplaza reforma de pensiones hasta después del plebiscito
El gobierno esperará el resultado del plebiscito constitucional del 17 de diciembre para avanzar con la reforma de pensiones.
Desde la administración del Presidente Gabriel Boric estiman que si se rechaza la propuesta de nueva Constitución, puede tomar fuerza la reforma de pensiones. En cambio, si se aprueba el texto, se complejizaría la tramitación política, según el diario La Tercera.
Prioridad
Al ser consultada al respecto en TVN, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, afirmó “que sigue siendo una prioridad para el Gobierno poder sacarla adelante, una prioridad para el Gobierno, porque es una prioridad para las personas poder tener un ingreso que les permita llegar un poco más tranquilos a fin de mes”.
“Si uno lo ve, la demanda de mejorar el monto las pensiones, mejorar un poco la calidad de vida de la vejez no ha retrocedido ningún centímetro, por el contrario, cada día está más presente”, sostuvo la ministra.
Según la titular del Trabajo, “los tiempos legislativos muchas veces se relacionan harto con la contingencia política, con los debates, ahora estamos muy cerca además de un Plebiscito y nosotros como Gobierno y así nos habría gustado y además lo dijimos muchas veces, tener esto resuelto durante el mes de septiembre”.
“Lamentablemente, no basta solo con la voluntad del Gobierno, también tiene que estar la voluntad de la oposición, y ha sido bastante intransigente en esta materia”, acotó. Con ello, la ministra indicó que “vamos a seguir intentándolo, el Presidente de la República nos mandató para hacer todos los esfuerzos posibles y esperamos que por el bien de Chile esta reforma logre tener un buen acuerdo y ojalá sea pronto”.
Últimas acciones
Después de las Fiestas Patrias ocurrió la última actividad pública por la reforma previsional, cuando la ministra Jara realizó una gira en la zona norte del país llamada “mejores pensiones para Chile”, lo que desató la arremetida de la oposición, quienes acusaron a la secretaria de Estado de “despilfarro de recursos públicos” y promover un proyecto que aún no es ley, destacó La Tercera.
Desde entonces no ha habido más convocatorias del gobierno sobre el proyecto, con excepción de una ocurrida a inicios de octubre, cuando la bancada de diputados PPD e independientes entregaron una propuesta previsional a la ministra Jara.
Y los plazos legislativos tampoco se han cumplido. Pese a que la titular del Trabajo aseguró a inicios de septiembre que ingresarían las indicaciones del proyecto a fines de ese mes en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, con el objetivo de despachar el proyecto de la Cámara de Diputados entre octubre y mediados de noviembre. Pero eso ya no ocurrió.
Y algo más reciente: el Presidente Boric dijo hace un par de días que espera que en las próximas semanas se ingresen las indicaciones a la reforma de pensiones, y que aspira a lograr un amplio acuerdo en esta materia. Ese plazo tampoco se cumplirá.
Oposición
El senador Rodrigo Galilea, presidente de RN, dijo al diario La Tercera que “la fuerza o no fuerza de una posible reforma previsional depende de la calidad de las propuestas y no de la aprobación de una nueva Constitución”.
El diputado Benjamín Moreno, jefe de bancada del Partido Republicano, comenta que “los chilenos quieren ser dueños de sus ahorros, pero es difícil creer que este gobierno aspire a lo mismo, y las personas lo saben. La pérdida de fuerza de la reforma previsional es producto de este mal gobierno, independiente de si se aprueba o no la Constitución”.
Asimismo, hay un ingrediente adicional que el gobierno estaría considerando de aprobarse la nueva Constitución, y es respecto del contenido del texto que se votará en diciembre. Lo que dice el borrador sobre el derecho de seguridad social ya está listo y no sufrirá nuevos cambios, dado que la Comisión Experta no hizo observaciones en ese apartado. A juicio de algunos constitucionalistas, lo aprobado en este tema por el Consejo Constitucional pone en duda que se pueda destinar cotización de pensiones para solidaridad, que es lo que busca hacer el gobierno al menos con cuatro puntos de los seis extras que incluye el proyecto, pero no hay una única visión en la materia.
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