La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) insistió en que la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) tome las medidas necesarias para reformar el plan de pensiones de sus empleados, en momentos en que trabajadores del sistema universitario se oponen vehementemente a los cambios.

“El Sistema de Retiro de la UPR no está saludable ni en una buena condición financiera”, manifestó el director ejecutivo del ente fiscal, Robert Mujica, en una carta dirigida la semana pasada al presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Ricardo Dalmau Santana.

Mujica argumentó que el Sistema de Retiro de la UPR no cuenta con el financiamiento necesario para poder cumplir con todas sus obligaciones.

El estudio actuarial más reciente estableció que, para junio de 2021, el plan de pensiones estaba financiado en un 54%. Aunque esto es un aumento en comparación con evaluaciones anteriores, la JSF señaló que el promedio de la proporción de financiamiento para sistemas de retiro públicos en Estados Unidos era de 75% para el año fiscal 2021.

“Es importante reconocer que, para ser sostenible, la UPR debe enfrentar y superar una serie de retos, como fueron establecidos en el plan fiscal certificado de la UPR 2021. El plan fiscal identifica ‘cuatro elementos principales’ para alcanzar y asegurar la sostenibilidad. Uno de estos elementos principales es implementar la reforma de pensiones”, estableció Mujica en su respuesta a una carta cursada por Dalmau Santana.

El 22 de agosto, la Junta de Gobierno votó por mantener los cambios al modelo en el que opera el Sistema de Retiro de la UPR para los empleados contratados a partir de 1 de agosto de este año.

En mayo, el cuerpo rector había dado paso a una transformación en la estructura del plan, bajo el cual los empleados contratados a partir del 1 de agosto estarán bajo un modelo de contribución definida, que implica que recibirán una pensión basada en la cantidad de dinero que hayan aportado a su retiro, similar a las cuentas 401K.

Con esto, congelaron el Sistema de Retiro que aplica a los empleados contratados antes del 1 de agosto de 2023, que funciona mediante un modelo de beneficios definidos y permite que, al retirarse, los trabajadores reciban una pensión calculada de acuerdo con su salario y años de servicio, sin importar cuánto hayan aportado durante su carrera.

La representante claustral Margarita Villamil presentó, en esa reunión de agosto, una moción para posponer la discusión hasta que se recibiera información solicitada a la JSF.

Mujica aclaró que el presupuesto aprobado para la UPR para el año fiscal vigente establece una asignación de $123.9 millones para el Sistema de Retiro, “con la expectativa de que el plan de beneficios definidos sería congelado para todos los participantes”. Si no se congela ese modelo y, a la vez, se implementa un modelo de contribución definida, se requeriría una asignación de $172 millones para el retiro.

El director ejecutivo destacó que, como se ha reportado previamente, la administración universitaria no cumplió con la aportación patronal que debía hacer al sistema. Por ejemplo, detalló que se debieron asignar $207 millones en el año fiscal 2021, pero la partida fue de $160 millones. Mientras, para el año fiscal 2022, se destinaron $162 millones, pero debieron ser $184 millones.

La JSF, asimismo, resaltó que los cambios establecidos por la UPR al retiro no son los escenarios que se habían plasmado en el plan fiscal. No obstante, reconoció los esfuerzos por lograr una reforma.

“La Junta de Supervisión aplaude a la Junta de Gobierno de la UPR por tomar este difícil paso, particularmente ante críticas y desinformación significativa. Desafortunadamente, el retraso en tomar este paso ha llevado a confusión y falta de claridad sobre la condición financiera del sistema de pensiones de la UPR”, lee la misiva.

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