Por Diego García 

La Administración Nacional de la Seguridad Social es la agencia gubernamental cuya función principal es gestionar las jubilaciones y pensiones, las asignaciones familiares y el seguro por desempleo. Los procesos de reforma previsional encarados a lo largo de treinta años han transformado el accionar de este organismo público, configurando modelos de planificación y gestión con objetivos diferentes, desarrollando capacidades administrativas de acuerdo a los lineamientos y objetivos estratégicos definidos por cada conducción política del Estado, según el modelo económico, logrando altos niveles de eficiencia y eficacia para obtener resultados que han sido bien disímiles a partir de la orientación normativa de las reformas previsionales. El sistema previsional es el principal componente de la gestión de ANSES, por su peso económico, alcance poblacional y centralidad en la agenda política. Los procesos de reforma previsional pueden ser analizados por la transformación institucional de ANSES, que expresa en sus planes estratégicos distintos modelos de gestión, organizacionales, objetivos y resultados y el entramado de actores estatales y sociales involucrados. Como toda política pública, la seguridad social es producto de un conjunto de decisiones, objetivos y acciones que adopta cada gestión, en función del programa de gobierno, la orientación estratégica y los consensos democráticos que logre alcanzar en cada momento. En escenarios dinámicos y complejos, su “hechura” depende de la probabilidad de que ciertas demandas expresadas por actores sociales –con sus intereses, recursos y expectativas– incidan en la agenda de gobierno y que esas “cuestiones socialmente problematizadas” sean tomadas para su resolución. Como señalan O. Oszlak y G. O´Donnell (1981), el grado de autonomía del Estado varía según la capacidad de presión de los actores, sus pertenencias de clase, las coaliciones políticas que conforman y la importancia de la cuestión. En este orden de ideas, la relación entre el Estado y la sociedad civil puede adoptar distintos enfoques: como construcción de ciudadanía, es decir por la ampliación o restricción de derechos; como una relación estructural entre clase(s) y Estado; y también como proceso de seguimiento, tratamiento y resolución de cuestiones. La multiplicidad, agregación –e incluso la contradicción y alteración en el tiempo– de las demandas y los conflictos, negociaciones y acuerdos políticos para procesarlas y darles (o no) algún tipo de respuesta, condicionan la adopción de distintos tipos de políticas públicas.

Fuente @Revista de Gestión Gubernamental