Por Enrique Díaz-Infante Chapa

Las pensiones son un componente esencial en la discusión sobre movilidad social, porque permiten que las personas gocen de una vejez digna y ayudan a contener la pérdida de bienestar socioeconómico en esa etapa de la vida. Además, el ahorro para el retiro acumulado en las AFORE impulsa la inversión y el crecimiento del país, con la consecuente generación de empleos. Sin embargo, en ausencia de una reforma fiscal, el pago de pensiones pagadas con recursos públicos representa un alto costo de oportunidad con impactos negativos en movilidad social.

Somos una población que está envejeciendo, que demanda recursos crecientes para su mantenimiento y que tiene una expectativa mayor de vida. Cada vez es menor el número de personas en edad laboral y mayor el de retiradas. Para 2050, las mujeres vivirán 86 años y los hombres 82, según la CONAPO. 

El cambio demográfico representa un reto para el sistema de pensiones del país, que enfrenta problemas de sostenibilidad, inequidad y fragmentación. Además, hay baja tasa de reemplazo y de cobertura que se han buscado resolver por la actual administración, aunque sin una reforma fiscal que haga sostenible al sistema, lo cual pudiera perjudicar la movilidad social si continúa la tendencia de recortar gastos a salud, educación e infraestructura para pagar pensiones. 

La cobertura pensionaria se buscó solucionar a principios de la administración con la universalización de pensiones mediante el Programa 65 y más, que inició el 1 de enero de 2019. En relación con la sostenibilidad del sistema, Aguirre en Pensiones, y ¿ahora qué? señala que en 2015 el pasivo actuarial era equivalente a 120% del PIB, pasivo que seguramente ha crecido de entonces a la fecha con las reformas recientes. El riesgo de que se hagan rescates del mismo por parte de la Federación por razones electorales, es real.

Asimismo, no se tiene la información suficiente que permita administrar debidamente el problema pensionario. No tenemos un inventario de los esquemas de pensiones, ni tampoco se conoce su nivel de fondeo e inversión de recursos, ni cómo están administrados. 

Para dimensionar el costo incremental que representa el pago de las pensiones para el Estado Mexicano, de acuerdo con el CIEP, el mismo equivalía en 2017 al 3.7% del PIB, en 2020 a 4.7%, en 2022 será de 5.2% y para 2024 será de 6.5% del PIB. Como referente, se estima que el país gasta en salud 2.5% del PIB, en educación 3.1% y en infraestructura 2.9%. Para pagar pensiones le estamos quitando recursos a la inversión en capital humano y físico en perjuicio del desarrollo, lo que representa una gran injusticia intergeneracional. 

Además, existe inequidad, porque el monto de las pensiones que reciben los trabajadores de paraestatales (PEMEX, IMSS, CFE, ISSSTE, LyFC, Ferronales) excede a las pensiones de la generación de transición y los de las AFORE.  

Un problema que preocupa al CEEY en materia pensionaria, es el de la cobertura limitada que tiene la población vulnerable conformada por mujeres y la población rural.  La falta de una economía de cuidados dificulta la inclusión de las mujeres al mercado laboral formal, pues generalmente son ellas quienes se encargan las labores de cuidado al interior del hogar. Tal situación se agravó aún más con la pandemia, pues fueron ellas quienes abandonaron el mercado laboral para hacerse cargo de los dependientes del hogar. Por lo mismo, no sorprende que ellas ahorren menos que los hombres para su retiro. Por lo que toca a la brecha urbano/rural, vemos que el porcentaje de personas que tiene AFORE es mucho mayor para habitantes de las zonas urbanas (47.4%) que por parte de los habitantes de zonas rurales (24.8%). 

Fuente @Ceey