Desde hace más de 15 años, el problema de las bajas pensiones de nuestros pensionados y pensionadas ha estado sobre la mesa de los gobiernos y entre las principales preocupaciones de las personas que habitan nuestro país. Desde la conformación del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional (más conocido como Comisión Marcel) en 2006, pasando por administraciones de diverso signo político, mejorar las pensiones y el sistema previsional ha sido un compromiso reiterado de las campañas electorales. Sin embargo, se ha avanzado poco, mientras los desafíos aumentan día a día.

Es cierto que nuestra la Reforma Previsional del 2008 creó el Pilar Solidario y mejoró las pensiones de miles de familias, incorporando la solidaridad en el sistema y considerando de manera relevante a las mujeres, generando la disminución de las brechas con medidas como el Bono por hijo, compensaciones por nulidad y divorcio y la creación de una pensión de sobrevivencia de la mujer, entre otras. Esa reforma instauró derechos garantizados en materia de protección social a través de la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario, apoyando a quienes no lograban acceder a una pensión y a quienes accedían a una muy baja. Y no hay duda que la Pensión Garantizada Universal, aprobada en las postrimerías del gobierno de Sebastián Piñera, fue sin duda un gran avance para miles de personas. Pero estos avances de tipo compensatorio no resuelven el problema de fondo, que sigue pendiente: las pensiones actuales son insuficientes para llevar una vida digna, y no mejorarán dentro del actual esquema previsional. Los chilenos y chilenas no pueden seguir esperando, y la cohesión de la sociedad no puede resistir una brecha tan amplia en la seguridad social.

Las causas de las bajas pensiones en Chile son de origen multifactorial y, en lo grueso, los diagnósticos son claros y compartidos. La actual fórmula predominante de capitalización individual está aquejada de sistemáticas lagunas previsionales, alta informalidad del mercado laboral, bajos sueldos, envejecimiento de la población, entre otras. En este caso –y como en muchos otros problemas que afectan a nuestra sociedad–, al observar los datos constatamos que las principales perjudicadas son las mujeres.

Menos de la mitad de las mujeres (48%) ha cotizado por más de 20 años, lejos del 60% de los hombres. Esto se debe a que, en nuestra sociedad, las mujeres asumen tareas domésticas muy relevantes, como el cuidado de niños, niñas y adolescentes, y también de las personas de tercera edad, sacrificando años de cotizaciones y, por ende, el monto de sus jubilaciones. Entre los años 2007 y 2021, en promedio, la mitad de los pensionados en Chile ha recibido una pensión autofinanciada menor de $65 mil pesos (80 dólares) pero, en el caso de las mujeres, ese monto llega a poco más de $30 mil (36 dólares). Entre las mujeres jubiladas, sólo el 54% logra recibir una pensión contributiva, es decir, aquellas financiadas gracias a su ahorro y esfuerzo personal.

Los montos por concepto de pensiones de vejez no son suficientes. En 2022, mientras los hombres reciben en promedio $478.134 (587 dólares), las mujeres reciben $303.670 (373 dólares). No obstante, para no dejarnos engañar por los promedios, la mitad de las mujeres recibe sólo $214.177 (263 dólares), lo que nos aleja, sin duda, de entender la vejez como un momento de descanso y júbilo, y nos enfrenta a la pobreza con la que deben enfrentar sus gastos y problemas de salud.

Mejorar las pensiones actuales y futuras es un imperativo vital, ético y de cohesión social. Y existe un amplio consenso sobre ello. ¿Por qué nos ha costado tanto enfrentarlo y parecemos dilatarlo nuevamente? Hay desafíos complejos de tipo técnico que deben ser enfrentados, pero no radica ahí el problema principal: los expertos han mostrado un campo relativamente acotado de soluciones eficaces y viables. El obstáculo principal es político, y se refiere a la polarización que se ha adueñado de los debates en el sistema político. Un debate que parece reducirse a la defensa de identidades más que a divergencias técnicas o, incluso, más que a la defensa de intereses, pues nadie saldrá triunfador de un desafío que no se resuelve.

La crisis de las pensiones no se superará mediante correcciones en el margen al sistema de capitalización individual, pues las dificultades que enfrenta no son pasajeros, sino estructurales. Se requiere compensar los aportes del trabajo mediante solidaridad social: esa vía ya ha sido puesta en marcha, pero debe ampliarse no solo en sus montos, sino en su origen y en su peso en el esquema previsional. ¿Cuánto de aporte fiscal y cuánto de solidaridad debe haber en el origen del pilar solidario, y cuánto de Estado y cuánto mercado debe haber en su administración? No hay una fórmula mágica, ni técnica ni legislativa, que responda a estas preguntas.

La respuesta a esas preguntas es política. Política en el sentido estricto de acuerdos entre opciones acotadas por la mejor evidencia técnica y por la experiencia comparada. Y ello supone establecer como foco principal las necesidades presentes y futuras de las personas y las necesidades de la convivencia social en el largo plazo. Supone renunciar a parte de las propias, y muchas veces, legítimas ideas e intereses de cada sector. Supone renunciar a la pretensión de un acuerdo perfecto y a la ilusión de una solución que dure para siempre. Un acuerdo político hoy en torno a la previsión nos exige a todos pensar la política de manera más flexible y más gradual. Tal vez la aprobación de una nueva Constitución que, a diferencia de la actual, normalice las divergencias y facilite los cambios, sea una oportunidad en la línea de fundar las políticas públicas en acuerdos.

Es en base al diálogo y a los acuerdos la única forma de avanzar como país respecto al derecho a una vida digna en la vejez. No podemos ser indiferentes a que la tercera edad sea sinónimo de pobreza, que es la realidad que enfrentamos hoy. Y, en paralelo, debemos encontrar un camino que nos permita reconocer y valorar el rol de la mujer en la sociedad, porque son ellas quienes, sacrificando su pensión futura, se hacen cargo de las labores de cuidado que tanto requiere nuestra sociedad. Tal como lo señalé en 2008, con la reforma previsional no gana un grupo, sino que gana Chile en su conjunto y fortaleceremos la cohesión que requiere el desarrollo.

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