El gobernador Ricardo Rosselló firmó ayer un proyecto de ley que dispone para la privatización de la administración de los sistemas de retiro, mientras ordena al gobierno y a sus municipios asumir el financiamiento de las pensiones de los empleados públicos ante el aviso de la descapitalización.

En un comunicado de prensa, Rosselló agradeció a la Asamblea Legislativa por la aprobación de ese y otros cuatro proyectos de ley durante la primera sesión extraordinaria de su gobierno, la cual juzgó necesaria para asegurar “que los retirados reciban sus pensiones” y para cumplir con el recorte de gastos del plan fiscal.

Tras la firma de esta ley, la nueva Junta de Retiro -encabezada por Gerardo Portela, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf)- tendrá el deber de seleccionar una compañía financiera que administre el plan de aportaciones definidas de los empleados, así como la cuenta segregada para el pago de sus pensiones.

Al contratar una compañía privada para la administración de las pensiones, el gobierno procura ahorrar 25% de los gastos de operación de la Administración de Sistemas de Retiro, la cual dejará de existir en o antes del 31 de diciembre, conforme la ley. “Todos los poderes, deberes y facultades de los Administradores de los Sistemas de Retiro se transferirán permanentemente”, dice el Capítulo 5 (inciso b) del nuevo estatuto.

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