Después que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, confesara que la reactivación de la mesa de diálogo de la Caja de Seguro Social (CSS) depende ahora de los trabajadores y empresarios, las opiniones no se han hecho esperar.

Trabajadores, empresarios y economistas coinciden en que la delegación que hizo el mandatario es una forma de dilatar un debate que lleva en receso desde diciembre de 2021, luego que el Estado gestionara con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un contrato para hacer un análisis actuarial y financiero, que ya fue entregado el 15 de septiembre de 2022, y que está en espera de su presentación ante la mesa de diálogo.

Para el secretario general de Convergencia Sindical, Eduardo Gil, el mandatario trata de “lavarse las manos” delegando la responsabilidad de resolver el problema de la CSS a los trabajadores y empresarios, cuando la responsabilidad primaria y fundamental del fracaso del diálogo ha sido él como presidente, y el director general de la CSS, Enrique Lau Cortés. “A ambos se les planteó la necesidad de recomponer y hacer los ajustes necesarios para hacer funcional el diálogo, y ninguno de los dos mostró voluntad de corregir los errores que se habían cometido anteriormente”, dijo.

Mientras tanto, Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), no ve factible que se le siga dando vueltas a este problema, que lo único que va a ocasionar es afectaciones a la CSS y a la economía del país.

Siendo una responsabilidad de Estado, los economistas Felipe Argote y Juan Jované sostuvieron que el presidente no debió optar por quedarse fuera de esa decisión.

Jované explicó que esta situación es grave, cuando lo que está en juego es un cambio de estructura legal sobre el tema de las pensiones que implica una nueva ley, que debe ser presentada por el Órgano Ejecutivo, por lo tanto “no podría darse un debate de seguridad social y pensiones si no está presente el Estado”.

“Por eso yo no entiendo muy bien la posición del Órgano Ejecutivo al decir que la reactivación de la mesa no es su responsabilidad, por eso siempre se ha dicho que la solución debe ser tripartita: trabajadores, empresarios y Estado; en el caso adicional están los pensionados y trabajadores de la salud”, dijo el economista.

Argote recordó que la de la CSS es una estrategia de país que no está definida, porque no se sabe qué tipo de país queremos o cuáles son las estrategias a largo plazo, por lo tanto, muy poco se podría decidir sobre qué tipo de seguridad social se adapta a esa estrategia.

En medio de un año preelectoral con miras a las elecciones de 2024, el tiempo se vuelve crucial para la decisión de reactivar o no esta mesa de diálogo.

Desde Conato se recomienda dejar atrás la posible reactivación del diálogo de la CSS para enfocarse en la discusión del proyecto de ley 748, que busca que la CSS vuelva al sistema solidario, como parte de las alternativas para salvar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Gil detalló que la propuesta ya se encuentra en primer debate y en espera de instalar una comisión técnica para el próximo periodo legislativo, que empezará el 1 de julio de 2023, del cual espera que la CSS y el gobierno participen con propuestas, así como otros grupos de la sociedad. “Reactivar el diálogo sería realmente infructífero, porque sea cual sea la conclusión a la que llegue esa mesa, debe concluir en un proyecto de ley y los tiempos no dan para aprobar uno que debe esperar todavía el desarrollo de un diálogo”, recalcó. “Los empresarios no han coincidido con esto porque consideran su propio punto de vista con respecto al proyecto de ley 748, pero la realidad es que el debate está hoy en la Asamblea Nacional, así que aprovechemos los insumos que tenemos”, añadió.

Uno de los que apoya esta iniciativa es Jované, quien mencionó que el proyecto de ley 748 abre una puerta para retomar un debate sobre el futuro de la CSS, sin embargo, le preocupa que pese a los avances que ha presentado la iniciativa, ni la CSS ni el Ejecutivo han enviado representantes a las reuniones que ya se han dado. “El proyecto de ley puede tener un enfoque tripartita sin ningún problema, porque abre los espacios de participación a todos los sectores para que discutan más ideas en el seno de la comisión técnica, pero tanto el sector privado como el gobierno se han negado a tener una representación en ese debate”, advirtió.

Argote difiere sobre esta propuesta, ya que considera que la Asamblea es el peor lugar para discutir un tema que ni siquiera ha logrado consolidar una propuesta por parte del Estado. “La Asamblea es el órgano del Estado más corrupto y desprestigiado del país, porque allí solo radica el interés de a quién le dan más dinero para repartirlo entre sus activistas políticos”, criticó.

En lo que sí está de acuerdo el economista es que “en este momento no hay condiciones para hacer una discusión de este tipo, porque realmente el gobierno está de salida y no ha tenido la capacidad de hacer nada durante este periodo y no va a improvisar”.

Por su parte, el CoNEP recalcó que la CSS “es un tema de Estado y que hay asumir sin sesgos políticos ni razones subalternas, ya que se debe abordar con integridad y racionalidad”.

“No podemos contaminar un tema como la CSS con el debate político. Si al día de hoy simplemente se trata de obviar el problema, ese problema va a ser mayor cuando venga el próximo gobierno, por lo tanto, no tiene ningún sentido evitar el debate o buscar una solución que debe ser encontrada con sentido lógico y de país”, concluyó Castillo.

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