El Gobierno, por medio del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) , ya tomó prestados los primeros $455.42 millones de los ahorros de los trabajadores a través de un nuevo instrumento financiero conocido como Certificado de Obligaciones Previsionales (COP), creado en diciembre 2022 para financiar las pensiones de los jubilados del sistema público y por los que a partir de ahora tendrá que pagar una tasa de interés del 7 % a los cotizantes a un plazo de 50 años.

Antes de esa fecha, el Gobierno prestaba dinero a través de otro título valor, llamado Certificado de Inversión Previsional (CIP), una figura financiera que implementó desde 2006 y con la cual logró tomar más de $8,000 millones a una tasa de interés que rondaba entre el 3 y 4 %. Esta figura fue derogada el año pasado para dar paso a un nuevo “esquema propio” del financiamiento del sistema de pensiones.

La colocación de los nuevos COP corresponde al mes de abril, según muestran los datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR). Este dinero es el que se usará para pagar las pensiones de los jubilados del sistema de pensiones público (ISSS e INPEP) que se derogó en 1998, pero que todavía tiene más de 88,167 personas a las que se les paga pensión por vejez, invalidez o sobrevivencia, según los datos a enero de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

“Me parece curiosa la cantidad. Antes de la reforma, los CIP se emitían por trimestre para pagar pensiones de los siguientes tres meses y los montos eran de $120 millones, que eran hasta mucho. Esta vez es demasiado lo que han solicitado”.
Rafael Lemus, Economista

El cambio es parte de las reformas de 2022 que también incluyó un canje de deuda que consistió en que todos los CIP, emitidos desde 2006 hasta el 28 de abril de este año, fueran cambiados por otra figura llamada Certificados de Financiamiento de Transición (CFT). Las condiciones de deuda de estos CIP, que totalizaron $8,397.33 millones, se anularon y se trasladaron bajo otras condiciones que a la fecha siguen sin ser aclaradas, pues ni el Gobierno ni las AFP han comunicado con claridad sobre este canje.

Lo único que ha dicho el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, es que con la reforma de pensiones, se llegó a un acuerdo con las AFP para que se mantuvieran los beneficios y que el rendimiento de las obligaciones sean mayores.

Por lo demás, solo se sabe, gracias a las calificadoras de riesgo, que el Gobierno no pagará ni capital ni intereses por esa deuda por los próximos cuatro años, lo que, según afirman los economistas, afectará los ahorros individuales de los trabajadores.

Respecto a este nuevo préstamo bajo la figura de COP, al economista Rafael Lemus le resulta extraña la cantidad de dinero solicitada, pues, anteriormente, el Gobierno solo prestaba unos $120 millones para cada trimestre, unos $40 millones por mes, y con esto era suficiente para pagar las pensiones de los jubilados del sistema público.

Pero esta vez la cantidad es tres veces mayor. El aumento de este monto solo le confirma a Lemus lo que ya indicaba la ley en diciembre de 2022: el Gobierno podrá emitir nuevos COP sin límite, es decir, que ahora podrá tomar dinero de los trabajadores sin ninguna restricción.

Seis meses después

Mientras el Gobierno inicia una nueva cuenta de préstamos previsionales, las AFP, por su parte, han comenzado a informar, seis meses después, sobre la reforma, pero sin incluir puntos claves que afectarán los ahorros de los trabajadores en los próximos años.

En sus redes sociales, la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), que representa a las dos AFP en el país, resume que: se sigue respetando el ahorro individual de cada trabajador, que se mantienen los años de jubilación, el tiempo de cotización y que la pensión mínima está fijada en $304.17, entre otros puntos.

Informa, además: sobre la creación del nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), un nuevo sistema de planilla única para los empleadores y una rentabilidad fija de 7 % que los cotizantes recibirán por la emisión de los COP. Sin embargo, la Asafondos no explica que el 28 de abril pasado las AFP y el Gobierno acordaron cambiar las condiciones del préstamo que los trabajadores han hecho de sus ahorros desde 2006 a través de los CIP.

Tampoco informa que la rentabilidad del 7 % fija se obtendrá hasta dentro de cuatro años ,y mientras tanto, el Gobierno no pagará ni capital ni intereses por el dinero que ya le prestó a los trabajadores.

Para economistas y expertos en el tema, esta información llega demasiado tarde y resulta desafortunada al omitir condiciones que afectarán los ahorros de los trabajadores en los próximos años.

“¿Por qué no hablan del impago, de la pérdidas de valor que le han provocado a los trabajadores al modificar las condiciones de los CIP qué se convirtieron en CFT?”, cuestionó Patricio Pineda, fundador de la Mesa por una Pensión Digna y quien desde el año pasado ha sido crítico de los acuerdos que las AFP han tomado en representación de los trabajadores sin informarles sobre las condiciones de sus ahorros.

Por su parte, el economista Rafael Lemus aseguró que las AFP deberían decir cuál es la situación real del canje de la deuda que se hizo y cuál era la situación de los títulos de antes de la reforma y cómo quedan hoy. “Las AFP incumplieron su responsabilidad con los cotizantes”, sostuvo.

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