El proyecto de ley sobre la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro comenzará a ser debatido en el Congreso de la República en las próximas semanas, lo cual ha llevado a la Defensoría del Pueblo a exponer sus preocupaciones en relación con lo contemplado en el borrador radicado por el Gobierno nacional a finales de marzo pasado.

En la actualidad, existen 18,6 millones de personas que cotizan en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), conocidos como fondos privados, y poco más de 6,7 millones de personas en el Régimen de Prima Media (RPM) a través de Colpensiones.

Las regiones con más asesinatos de líderes sociales son Cauca, Putumayo, Guaviare y Antioquia. Las disidencias son las principales culpables.

Según el proyecto de ley, aquellos que cotizan sobre la base de hasta tres salarios mínimos legales vigentes, que representa el 88 % de los ocupados en Colombia con tres salarios mínimos o menos, así como aquellos que cotizan sobre esa misma base salarial en los fondos privados, deberán hacerlo en Colpensiones. Solo aquellos con ingresos superiores a los tres salarios mínimos podrán destinar aportes a los fondos privados.

Ante esto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación y aseguró que “se deben revisar con profundidad las implicaciones que esta reforma podría conllevar. Resulta fundamental que la reforma no viole el derecho a la libertad de elección a la hora de escoger entre los dos tipos de regímenes. Las personas deben estar en la capacidad de decidir si quieren pertenecer al Régimen de Prima Media o al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad”.

El texto de la reforma busca que la mayoría de los cotizantes realicen su ahorro en Colpensiones, donde a través de un fondo común se generará la distribución de las mesadas a las personas que ya han adquirido su derecho a pensión.

El defensor Camargo señaló que el Gobierno nacional ha tenido que cubrir la deficiencia del fondo público a través de impuestos de los ciudadanos, por lo que el traslado de fondos de un régimen a otro se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

La disidencia Jaime Martínez es la que tiene mayor presencia en la zona rural alta de Jamundí. Allí controlan el negocio de la coca y las rutas del narcotráfico.

En la actualidad, en el Régimen de Prima Media, una de las condiciones para acceder a la pensión es cumplir con 1.300 semanas cotizadas, mientras que en el RAIS se puede acceder con 1150 semanas cotizadas.

Otro aspecto que llama la atención en este proyecto de ley es que, implícitamente, se requerirá que las personas aumenten el número de semanas de cotización. Esto ha generado preocupación entre los gremios, sindicatos y la población en general, ya que consideran que esto incrementaría las barreras para obtener una pensión digna.

La propuesta ha despertado temor entre los trabajadores por el aumento en el tiempo necesario para pensionarse. Aquellos que coticen tanto en el sector público como en el privado deberán sumar 150 semanas adicionales, es decir, cerca de tres años, para cumplir con los requisitos exigidos por Colpensiones.

Esto significa que, independientemente de las cotizaciones a los fondos privados, el tiempo de acceso a una pensión estará determinado por el régimen de prima media. Como resultado, muchos trabajadores se verán obligados a esperar un período más largo para acceder a este beneficio.

Además, se debe tener en cuenta que las personas independientes no realizan aportes correspondientes a su base de cotización debido a la alta informalidad laboral en el país.

Camargo Assis también aseguró que “la reforma debe presentar soluciones estructurales a las deficiencias del sistema de pensiones actual. Debemos abordar las inconsistencias derivadas de la alta informalidad laboral en Colombia y las limitaciones fiscales del Régimen de Prima Media. Se debe permitir la libre elección del régimen y que las personas puedan continuar aportando a su pensión de acuerdo con su situación económica”.

El defensor del Pueblo agregó que tanto los jóvenes como los adultos deben tener la certeza de que podrán acceder a una pensión. “Desde nuestra Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hacemos un llamado a revisar los diferentes tipos de beneficios, programas de ahorro y garantías de pensión mínima para que todos los afiliados al sistema puedan tener una pensión digna”, puntualizó Carlos Camargo Assis.

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