Durante la semana el Gobierno de Bolivia, encabezado por el presidente Luis Arce, aceleró la nacionalización de los fondos de pensiones de ese país. Entre mayo y junio la gestión tomará el control de los fondos y la potestad para administrarlos.

“En Bolivia operan dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Desde que inició la transición hubo dificultades técnicas para el traslado, pero también falencias en la política del Gobierno. Hoy hay un laudo arbitral a favor de BBVA Previsión, una de las AFP. En este no solo se exige el pago de una compensación, sino también se exhortó a que se aceleren los plazos para la transición”, explicó José Gabriel Espinoza, exmiembro del directorio de Banco Central de Bolivia.

La transición inició en el 2009 luego de una reforma constitucional que estableció que el Estado debía de administrar las pensiones de los jubilados. Sin embargo, el proceso tuvo problemas para su implementación, lo que dilató el cambio de administrador. En 2010 se aprobó la ley que instauraba un sistema de pensiones administrado por una entidad gubernamental, Gestora Pública, que recién entró en funcionamiento en el 2022. Además de esto, en el proceso hubo denuncias de corrupción por presuntos pagos irregulares por la compra del software encargado de hacer la transferencia de datos.

En el 2018, la AFP BBVA Previsión demandó a Bolivia en un arbitraje internacional luego de que no pudiera negociar una transición satisfactoria con Gestora Pública. El año pasado recibió un laudo favorable con una indemnización de US$105 millones por la incertidumbre jurídica del proceso, pero la sentencia también exhortó al Gobierno la aceleración de la estatización de las AFP.

Suiza Zúrich, dueño de la otra AFP boliviana, Futuro, también presentó una demanda contra el Estado y el arbitraje comenzó en junio del 2020.

“En estos momentos se está implementando la migración de todos los aportantes al sistema que ha creado la Gestora Pública. La susceptibilidad que hay en las últimas semanas es sobre cómo será el uso de los recursos. Preocupa el manejo de inversiones que tendrá la nueva gestora. La política limita mucho las inversiones que puede hacer el fondo de pensiones, solo puede invertir en Bolivia, por lo que muchas de las inversiones que se dan son a bonos del Estado”, detalló Espinoza.

Una economía dañada

Según Álvaro Ríos, socio director de Gas Energy y exministro de hidrocarburos de Bolivia, el país se encuentra en una profunda crisis económica por el modelo estatista. Por este motivo, afirmó que el Gobierno habría tomado la decisión de nacionalizar las AFP para recuperar recursos.

“Las reservas internacionales del país cayeron desde el 2015 y hoy solo se tienen US$350 millones en divisas. Se siente la escasez de dólares y por eso el Gobierno tomó acciones para captar estos recursos en esa moneda. De esta manera echa mano del fondo de pensiones, del dinero de los jubilados, para seguir sosteniendo su sistema. Es un modelo estatista igual al venezolano”, advirtió.

En ese sentido, el sentir de los bolivianos es que ante la escasez de recursos del propio Gobierno, se malgasten los fondos de la AFP.

“Hoy no hay acceso a dólares en los bancos porque el sector público no ha generado ni atraído inversiones. El Estado Boliviano se apoderó del gas natural hace años y ha exportado, es correcto, pero no repuso las reservas. Esto a la larga hizo que se pierda el ingreso de dólares ante menor exportación. Ante esa escasez el Estado capta los recursos en dólares de las AFP. Los bolivianos tienen temor a que cuando se jubilen no accedan a sus ahorros”, añadió Ríos.

Esta crisis económica hace que el flujo de dinero proveniente de las AFP desde hace varios años puedan sostener las operaciones de la banca privada en el país. Según el Ministerio de Economía y Finanzas de Bolivia, hasta setiembre del 2022 las inversiones del Sistema Integral de Pensiones estaban destinadas en un 30% al sector estatal con bonos del tesoro y bonos en deuda soberana. El 70% restante se concentraba en instrumentos nacionales privados, principalmente en la banca.

“El Estado desde hace años usa las AFP como financiadoras, dotando de recursos al sistema boliviano para que el incremento de tasas de interés sea sostenible. Los bancos obtenían de recursos de las AFP, esto les permitía trabajar de manera autónoma y podían soportar los límites de las tasas de interés. El Gobierno ha dejado de permitir que fluyan los recursos del sistema financiero como venía pasando y ahora los ha captado agresivamente”, remarcó Espinoza.

Visión desde el Perú

En diálogo con El Comercio, el exministro de Economía y Finanzas del Perú, David Tuesta, explicó que la situación de Bolivia es, en la práctica, una “expropiación indirecta”, ya que el Estado impone al contribuyente que adquiera con sus propios ahorros los bonos del Gobierno.

“Es una expropiación indirecta al obligarte a comprar activos de un Gobierno mal gestionado y obligar a que compren bonos emitidos en la moneda local. Así como la inflación es la mayor expropiación que le puede pasar a un ahorrista, porque si te obligan a ahorrar en moneda nacional estás expuesto al devenir al país, lo mismo pasa con los fondos de pensiones en Bolivia. El riesgo es mayor si consideras la economía de Bolivia con un déficit que crece de manera peligrosa. Eso hace que el bono suba su riesgo”, cuestionó.

Asimismo, advirtió que la incapacidad de gestión del Gobierno queda en evidencia luego de los 13 años en los que no pudo cerrar la transición. También objetó los motivos para los que Bolivia usará el dinero recaudado.

“Desde hace tiempo obligan a los fondos de pensiones a que inviertan el 30% de sus activos en bonos del tesoro boliviano. Ahora se busca que los fondos financien infraestructura boliviana, bastante cuestionada. Ya no solo expones a los afiliados a la depreciación de la moneda, sino que el objetivo de los aportes ya no son las cuentas individuales, sino el Estado”, concluyó.

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