La aprobación de la Ley de moratoria previsional volvió a poner sobre la mesa un debate recurrente en Argentina. La confirmación de que el Congreso logró los votos necesarios para que casi 800.000 personas que no cumplían los requisitos mínimos de aportes se jubilen desató los festejos dentro del oficialismo y generó una lluvia de críticas por parte de algunos referentes de la oposición y de economistas privados.

La discusión podría abordarse por dos canales diferentes, aunque muchas veces se superponen. El primero de ellos está vinculado a la justicia social y a si es ético o no que personas que no aportaron -independientemente de las razones por las que no lo hicieron- reciban el mismo trato que los que sí lo hicieron. La segunda pasa por un tema mucho más alejado de lo emocional: refiere a de dónde saldrá el dinero para financiarlo.

Medio punto del PBI de costo fiscal

Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la medida tendrá un costo fiscal de 0,36% del PBI durante el primer año y de 0,48 puntos del producto en el acumulado del segundo. “Para el año 1, la estimación de potenciales altas por moratoria de la prestación por vejez arrojó un total de 494.242 personas, 78,3% de las cuales serían mujeres. Para el año 2, las altas rondarían las 225.409 personas”, proyectó el trabajo publicado en octubre del año pasado.

El problema, simplificaron en los últimos días algunos economistas privados, radica en que la aprobación de la Ley no hará más que dividir recursos limitados sobre una cantidad mayor de personas. Es decir, repartir la misma torta, pero entre mayor cantidad de comensales.

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