Una pregunta recorre América Latina y causa polémica: ¿los presidentes que dejan el cargo deben cobrar pensiones especiales por el resto de sus vidas?

En los últimos meses surgieron pedidos de legisladores en países de la región como Argentina, Ecuador o Costa Rica para eliminar las jubilaciones vitalicias a sus exjefes de Estado, como hizo México antes de desvelar cuánto costaban.

Este tipo de pagos existen en otras partes del mundo y desde hace décadas en Latinoamérica, no sólo como retribución a los presidentes por sus labores prestadas sino para prevenir que se unan a empresas o grupos de interés particulares, señalan expertos.

“Eso es lo que se quiere evitar”, dice Javier Corrales, profesor de ciencia política en el Amherst College de Estados Unidos y experto en temas de poder presidencial en América Latina. “No es bueno que los presidentes de un país tengan que vender sus servicios en el mercado laboral”, agrega en diálogo con BBC Mundo.

Sin embargo, observa motivos específicos para que las remuneraciones vitalicias a los expresidentes estén ahora bajo críticas y revisión.

“De por vida”

Varios países latinoamericanos otorgan por ley pagos especiales a sus expresidentes, con distintos montos y criterios. Algunos las retribuyen además a antiguos vicepresidentes o a los cónyuges de quienes mueren luego de gobernar.

En Argentina, la pensión vitalicia a los exjefes de Estado iguala lo que cobra un juez de la Corte Suprema, que según su antigüedad equivale a entre US$4.500 y US$6.300 por la cotización del dólar en el mercado (es cerca de la mitad de ese monto por la cotización oficial).

Desde la oposición argentina han planteado eliminar esos pagos extraordinarios, en medio de una polémica porque la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cobra dos pensiones: la suya y la de su fallecido esposo Néstor Kirchner, quien ejerció el cargo antes que ella.

Kirchner, actual vicepresidenta y condenada en diciembre por un caso de corrupción, percibe así una jubilación varias veces superior a la de muchas personas en su país que cobran pensiones por debajo del índice de pobreza.

Mauricio Macri también ha reconocido que cobra su pensión como expresidente argentino, la cual beneficia incluso a quienes estuvieron en el cargo apenas unos días durante la crisis de 2001 y 2002.

En Bolivia una ley promulgada en 2013 durante el gobierno de Evo Morales establece un pago mensual a los expresidentes equivalente a 10 salarios mínimos “de por vida”, es decir, unos US$3.250 por mes.

Si bien se trata de una de las pensiones para expresidentes más bajas de la región, allí también surgió el año pasado una propuesta de la oposición para anularlas, al igual que en Ecuador y Costa Rica, que las mantienen con salvedades (el expresidente ecuatoriano Rafael Correa perdió la suya tras una condena por corrupción, mientras el costarricense Carlos Alvarado renunció a la que le correspondía).

Los exmandatarios de Perú también reciben una pensión de por vida que equivale a unos US$4.000 por mes, aunque están excluidos de ese beneficio los que hayan sido condenados, como Alberto Fujimori.

Otros estados latinoamericanos que pagan jubilaciones vitalicias a sus exmandatarios son Chile y Colombia -entre las más altas de la región, equivalentes a unos US$8.700 y US$5.500 respectivamente-, así como Nicaragua y Venezuela.

Otros gastos

Hay países latinoamericanos que, además de pensiones vitalicias o en lugar de ellas, reembolsan a sus antiguos jefes de Estado gastos de distintos tipos.

Los expresidentes chilenos tienen cubiertos con dinero público costos de traslados y funcionamiento de oficinas que en promedio equivalieron en noviembre a unos US$11.000 cada uno.

Así, entre esos pagos y sus pensiones vitalicias, los cuatro exmandatarios vivos que tiene Chile desde su retorno de la democracia reciben ayudas públicas comparables a las de algunos países del primer mundo.

El actual presidente chileno, Gabriel Boric, obtendría estos beneficios a los 40 años de edad, cuando deje de ser mandatario.

Cuánto cobran en EE.UU. y Europa

En Estados Unidos los cinco expresidentes vivos ganan pensiones vitalicias por haber ocupado el cargo equivalentes a unos US$20.000 en promedio por mes cada uno. Si a eso se suma lo que cobran por gastos de oficinas, asistentes, viajes y otros conceptos, la media asciende a unos US$200.000 mensuales.

En España los expresidentes de gobierno reciben, además de una indemnización temporal, una dotación sin caducidad para gastos de oficina y otros conceptos equivalente a una media de US$6.500 por mes.

En Reino Unido todos los exprimer ministros -incluida Liz Truss quien estuvo apenas 45 días en el cargo el año pasado- pueden reclamar una asignación por costos de servicio público, gastos de oficina, salarios de personal y otros conceptos por un máximo anual equivalente a unos US$138.000 (es decir, un promedio de US$11.500 al mes).

En Alemania, los excancilleres que hayan estado al menos cuatro años en el cargo reciben una pensión mínima equivalente a unos US$4.230 por mes. Sin embargo, la paga aumenta en función del tiempo en que hayan comandado el gobierno: Angela Merkel, lo hizo durante 16 años, se retiró en 2021 con una pension de casi US$16.000 aparte de gastos de oficina y personal.

En Brasil, los expresidentes no cobran pensiones pero por ley tienen cubiertos con fondos públicos, de modo vitalicio, los servicios de seis personas para apoyo, seguridad y asesoramiento, dos autos oficiales con sus respectivos choferes, gastos de viajes, hoteles y viáticos.

Hasta el año pasado los expresidentes brasileños gastaban por esos conceptos una media de unos US$13.000 mensuales cada uno, aunque el monto varía según el involucrado y el momento.

Sin embargo, con su estadía en Estados Unidos desde que terminó su mandato el 1º de enero, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha destinado solo a dietas de asesores que lo rodean unos US$82.700 de recursos públicos, más de lo que antecesores suyos suelen gastar durante todo un año para alojar y mantener a sus equipos, informó el diario O Globo.

La controversia

Aparte de México, otros países de la región eliminaron las jubilaciones especiales para sus expresidentes.

Uno de ellos fue Uruguay, que desde 1996 estableció que sus exjefes de Estado deben jubilarse por el mismo régimen que cualquier trabajador (a partir de los 60 años, con 30 de labor como mínimo) y sus pensiones varían según su historial de aportes, con topes previstos por ley.

José “Pepe” Mujica, quien fuera llamado en su momento el “presidente más pobre del mundo”, se jubiló en 2018 en Uruguay ganando el equivalente a unos US$1.800 líquidos por mes.

Pero el caso mexicano llamó la atención después que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometiera en su campaña de 2018 eliminar las pensiones vitalicias que recibían los exmandatarios de su país desde 1976.

En aquel momento circuló en las redes sociales el video de una mujer que encaró al expresidente mexicano Vicente Fox en un avión, diciéndole que le iban a quitar sus pensiones.

“¿Con eso se van a resolver los problemas del país?”, preguntó Fox.

El Congreso mexicano eliminó por ley las pensiones a los expresidentes en noviembre de 2018 tras ser electo López Obrador, quien en julio afirmó que esos pagos a sus antecesores iban desde el equivalente a unos US$2,2 millones hasta US$2,6 millones por año (un promedio al mes de entre US$180.000 y US$220.00).

La polémica por los pagos a expresidentes de América Latina está lejos de ser nueva, pero parece haber cobrado fuerza entre escándalos de corrupción, descontento con los políticos y crisis.

Existen distintas formas de mirar la controversia.

“Hay un aspecto positivo, democratizador sobre esto. La idea es que estas son las personas que menos ayuda necesitan y nosotros les estamos dando la mayor ayuda que el Estado puede ofrecer, algo incongruente con esa idea de que todos somos iguales”, dice Corrales.

Pero advierte que la controversia también puede responder a intentos de atacar las figuras de expresidentes que se han vuelto ejes de la oposición en varios países de la región.

“En el populismo latinoamericano la idea es que por fin el pueblo gobierna y quienes estaban gobernando antes eran élites explotadoras (y) corruptas”, señala el experto y concluye:

“Entonces, ¿quién es mejor representante de esta élite anti-pueblo que los políticos del pasado y sobre todo un expresidente?”.

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