España no es un país de ahorradores en fondos ni planes de pensiones. Al menos, no en comparativa con la media de otras economías desarrolladas. Los activos que suman en pensiones privadas los españoles alcanzan el 14,3% del Producto Interior Bruto (PIB), siete veces menos que la media de la OCDE, que supera el 105% del PIB. Las constantes restricciones en las deducciones fiscales, además de una reforma que dilapida los planes individuales sin terminar de asentar aún los planes de pensiones empresariales, provocan un estancamiento en la previsión social complementaria.

La OCDE realiza un análisis exhaustivo del mercado de pensiones global. En su última publicación recoge los datos hasta 2021 -o los más recientes, en el caso de que los hubiera- y alertan de que el recorte de las ventajas fiscales en el segundo pilar provocó que la mayor caída en aportaciones la protagonizara España, con un 45% menos. “La última reforma ha dejado las deducciones fiscales de los planes individuales en unas cuantías ridículas”, critican desde Previsión Sanitaria Nacional (PSN) en conversaciones con este medio.

Es más, apunta el informe echa la vista más atrás y apunta a que la cuantía de aportaciones a planes de pensiones se ha visto reducida en comparación con 2011 y con 2001. En el caso de 2021, solo nos sigue la estela negativa Estonia. “Lo cierto es que la fiscalidad de este tipo de productos, como los planes de pensiones, no ha ayudado a reforzar esta realidad porque con el cambio de 2007 realmente lo que se conseguía era más un diferimiento en el pago de impuesto, que un verdadero ahorro fiscal”, explican desde PSN.

Elisa Ricón, directora general de Inverco lamenta que, a pesar de la tendencia de la mayoría de los países de la OCDE a fomentar los planes de pensiones complementarios, España es uno de los únicos cuatro países en los que, desde el inicio del 2000, dichas entradas se han reducido. Los otros tres son Hungría, Polonia y Portugal.

En todo caso, destaca la representante de la Asociación Española de Fondos de Pensiones “este tipo de informes son una magnífica oportunidad para importar las mejores prácticas que ya existen en otros países, como el auto enrolment”, es decir, la obligación a que los empresarios inscriban a sus trabajadores a planes de pensiones que se usa, por ejemplo, en Reino Unido.

Menos de un tercio de los próximos pensionistas que, en parte, miran con escepticismo las futuras cuantías de las prestaciones públicas. “La realidad es que, en un contexto de envejecimiento poblacional y una creciente esperanza de vida, los complementos privados van a ser absolutamente necesarios porque la prestación del sistema público va a ser a todas luces insuficiente para la mayoría de la población”, avanzan desde PSN.

El ahorro que tradicionalmente triunfa en España está basado en los bienes raíces inmuebles, como así destacan fuentes del sector asegurador. Prueba de ello es que, sumado a los cambios relativos a fiscalidad, la cobertura de los fondos y planes de pensiones voluntarios apenas llegaba al 28,6% de la población en edad de trabajar. “Es complejo que esa tendencia varíe si la Administración no incentiva con más fuerza el ahorro privado”, señalan desde PSN.

Así lo indica, además, el ‘Tercer Barómetro de Previsión Social Empresarial’ de Nationale-Nederlanden Employee Benefits, elaborado por 40dB y que parte de 1000 encuestas realizadas a empleados y a responsables de Recursos Humanos de 394 empresas. Una de las principales conclusiones es la escasa previsión social en las empresas.

“Solo el 47% de los encuestados tiene contratado algún producto de ahorro de jubilación de los cuales el 8,8% lo hacen en productos contratados por su empresa. Sin embargo, el 61% de los empleados encuestados cree que debería ser obligatorio para las empresas el hecho de ofrecer productos para complementar la pensión pública de jubilación, algo que ya es una realidad en algunos países de la Unión Europea”, indica Mikel Maylin, director comercial de Nationale-Nederlanden Employee Benefits .

De hecho, es una tendencia que mira a la baja ante la paradoja de desincentivar los planes de pensiones individuales en beneficio de los planes de empleo que aún no están asentados. Las aportaciones a los individuales protagonizaron un desplome del 32% durante el pasado 2022 como consecuencia directa del nuevo límite de 1.500 euros para los beneficios fiscales.

La inflación, una alerta

El pasado año, sin duda, contó con un gran evento: la invasión rusa de Ucrania, y sus efectos derivados. La elevada inflación, principalmente, que afecta de primera mano a los propios ahorradores. Al limar la renta disponible de los inversores, la decisión de aportar a planes o fondos de pensiones se hace más cuesta arriba.

Así lo destacan desde el club de las economías desarrolladas, que además apuntan a que el menor crecimiento de la actividad económica termina suponiendo un menor rendimiento del dinero aportado. Con lo cual, la repercusión indirecta del conflicto en Ucrania no es más que un escollo en el camino de los trabajadores que pretenden generar rendimientos de sus ahorros para complementar la pensión pública en su etapa de jubilación.

Además, la coyuntura ideal sería de mayor crecimiento de la actividad, especialmente de cara a que los convenios sectoriales sean capaces de hacer un esfuerzo extra y las empresas realicen aportaciones a planes de pensiones de empleo simplificados, tal y como se persigue con la última reforma que modifica este pilar de la previsión social complementaria.

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