¿Qué es la violencia económica? Según la Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU), en el ámbito público y estructural esta se entiende como las brechas salariales entre hombres y mujeres que ejercen una misma función y cargo, la diferencia de acceso a los planes de salud, las barreras para optar a créditos bancarios, la dificultad de acceso al mercado laboral, y con ello la consecuente limitación de obtener ingresos autónomos por parte de las mujeres, entre otras cosas.

Bajo el actual sistema previsional que rige en Chile, basado en la capitalización individual que administran las AFP, la violencia económica estructural no solo está completamente reflejada, sino que lejos de contribuir a combatirla, la acentúa continuamente.

Según cifras de la encuesta Casen (2017), el 75% de las personas mayores de 15 años que no tienen ingresos autónomos son mujeres. Así mismo, el 65% de las mujeres encuestadas de entre 25 y 59 años aseguraron que estaban fuera del mercado laboral debido a que las responsabilidades familiares se lo impedían.

Si bien en las últimas décadas la participación laboral de las mujeres ha venido aumentando, llegando a un 48% en el año 2017 según datos de la Comisión Nacional de Productividad, la pandemia significó un impactante retroceso de 10 años en la tasa de participación laboral (CEPAL 2021), lo cual se explica principalmente por la realización de labores de cuidado y de tareas domésticas.

Por supuesto, la baja participación laboral de las mujeres, así como los menores sueldos que reciben por las actividades que realizan, repercute directamente en las pensiones que reciben. Según información publicada por la Superintendencia de Pensiones, existió una brecha de género de un 49,4% de los montos promedio pagados en junio de 2021 por pensiones de vejez completamente autofinanciadas. Asimismo, las mujeres se concentran en los tramos de menor densidad de cotizaciones, mermando aún más los montos de pensión que reciben.

En este sentido, la reforma previsional pone el foco justamente en corregir estas brechas, reconociendo las labores de maternidad, de cuidados y tomando medidas para aumentar las pensiones de las mujeres.

Además del aumento de la PGU, que beneficiará al 90% de los jubilados, el elemento más importante para mejorar las pensiones que reciben las mujeres es la creación del pilar de seguridad social, a través de la cotización del 6% que pagará el empleador.

Este seguro social financiará los beneficios destinados a las mujeres, que consta de 24 cotizaciones del 6% por cada hijo que hayan tenido, y cotizaciones por cada mes que destinen a los trabajos de cuidados. Asimismo, se establece una compensación por las tablas de mortalidad, ya que se utilizará la tabla de los hombres, y se entregarán beneficios en caso de que se jubilen sobre los 60 años, con el fin de que hombres y mujeres que hayan cotizado lo mismo y que jubilen al mismo tiempo, reciban el mismo monto de pensión.

De aprobarse la reforma, la mayoría de las jubilaciones de las mujeres aumentarán en un 50%, aumento que sería mayor para las futuras jubiladas, pudiendo llegar a sumar hasta 100 mil pesos, según la densidad de cotizaciones e ingresos. Estas medidas no son marginales ni irrelevantes, no solo porque aumentan significativamente las pensiones de las mujeres, sino porque significan un cambio político y cultural que pone en el centro la necesidad de reconocer las labores no remuneradas que realizamos las mujeres, de visibilizar las consecuencias que generan los roles de género en nuestras vidas y de avanzar en la dirección de generar mayores niveles de autonomía social y económica, pilar fundamental del bienestar de las mujeres.

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