El anuncio de Gobierno respecto de un nuevo modelo de seguridad social vuelve a poner el tema en la conversación cotidiana. Pero, ¿qué dicen los chilenos y cuáles son sus expectativas respecto a un nuevo modelo de pensiones? Datos aportados por la encuesta Chile Dice 2022, realizada por el Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado junto a Criteria, revelan que un 51% de las personas encuestadas cree que las AFP deberían desaparecer.

“Qué tan de acuerdo está con que en el futuro sistema previsional se eliminen la AFP” era el anunciado al que las personas podían responder si estaban de acuerdo, en desacuerdo o neutras. En términos globales, a nivel nacional, un 51% de los encuestados estuvo de acuerdo con la eliminación de las AFP, mientras que un 22% se identificó en desacuerdo y un 27% neutras respecto de la afirmación.

Entre quienes expresaron estar de acuerdo con el fin de las AFP, un 55% se identificó políticamente de izquierda; un 31% se identificó políticamente de centro y un 23% de derecha. Mientras que de quienes se manifestaron en desacuerdo con la eliminación de las AFP, un 10% expresó que su identificación política era de izquierda; un 20% de centro y 45% de derecha.

Respecto de la capitalización individual, los encuestados debieron manifestarse “de acuerdo”; “neutral” o “en desacuerdo” al presentarse la afirmación “Que en el futuro sistema previsional el 100% de las cotizaciones previsionales vaya a cuentas de capitalización individual”. Aquí un 35% de los encuestados se manifestó de acuerdo con la afirmación, mientras que un 30% se inclinó hacia la opción en desacuerdo y un 35% se ubicó en la opción neutro.

Entre quienes estuvieron en desacuerdo con la capitalización individual, un 57% manifestó que su tendencia política es de derecha; un 30% de centro y un 15% de izquierda. Mientras que entre quienes se manifestaron de acuerdo con la capitalización individual, un 55% manifestó tener una tendencia política de izquierda; un 31% de centro y un 23% de derecha.

Estos datos pueden analizarse también con respecto a la percepción del rol del Estado en el bienestar de las personas, pues a los encuestados se les pidió situarse entre dos pares de afirmaciones, existiendo la opción neutra entre cada par de afirmaciones.

Al exhibir la afirmación “Cada persona debería preocuparse y responsabilizarse por su propio bienestar”, en contraposición a la afirmación “El Estado debería preocuparse y hacerse responsable por el bienestar de las personas”, un 22% de los encuestados se sintió identificado con la primera afirmación, mientras que un 44% se sintió identificado con la segunda afirmación que deja al Estado en un rol central en el bienestar de las personas, y un 33% no se definió por ninguna de las afirmaciones.

Sobre quiénes deberían ser objeto de ayuda estatal y en el mismo ejercicio de contraponer afirmaciones, al ser consultados sobre dónde se situaría respecto de las siguientes afirmaciones, siendo la primera de ellas “La ayuda del Estado debe destinarse solo a los/as más pobres vulnerables” o bien “Toda la ciudadanía debe recibir la misma ayuda del Estado”, un 26% se manifestó a favor de que la ayuda estatal vaya solo a los más necesitados, mientras que un 43% se identificó con la afirmación que señala que toda la ciudadanía debe recibir la misma ayuda estatal, y un 30% se manifestó en la opción neutra respecto de ambas afirmaciones.

Al respecto, el codirector del Núcleo Constitucional de la UAH Gonzalo García refirió que, en consecuencia con los resultados de la encuesta, “la primera reacción que vincula estos datos con el envío de la reforma previsional es que parece corresponderse con estos antecedentes. Por una parte, el proyecto propone separar la administración de la previsión respecto de la inversión de los fondos, con lo que las AFP dejan de existir como tales”.

Sin embargo, el académico también infiere que “mantiene un fuerte pilar contributivo bajo principios de capitalización individual morigerados por el principio de solidaridad que aún queda por explicar. Junto con ello, hay un pilar no contributivo que se corresponde con el establecimiento de un piso de seguridad social para quienes menos tienen y que implica un desarrollo de lo que conocemos como pensión garantizada universal (PGU)”.

Si bien García explica que aún falta mucho por debatir, “el proyecto entra en la sintonía gruesa de las expectativas ciudadanas faltando la discusión fina que permita, ahora sí, después de 15 años contar con una reforma que incremente realmente las pensiones de todos los chilenos. Particularmente, tratándose de las mujeres que son las más afectadas por lagunas previsionales, el no reconocimiento de su trabajo en cuidados, sus menores cotizaciones, su edad temprana de jubilación y su amplia esperanza de vida”, asegura el académico.

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