Por Universidad de Granada

El envejecimiento generalizado de la población europea y el aumento de la esperanza de vida están poniendo en duda el mantenimiento de los actuales sistemas de pensiones, sobre todo en aquellos países cuya vía de financiación principal son las cotizaciones sociales, es decir, las aportaciones que, con carácter obligatorio, deben pagar tanto los trabajadores como las empresas.

Aunque este problema afectó en primer lugar a los países desarrollados, este fenómeno se está expandiendo por todo el planeta. La Organización Mundial de la Salud ha calculado que el porcentaje de la población mayor de 60 años casi se duplicará del 12% en 2015 al 22% en 2050.

Las consecuencias sobre la economía de un país podrían resultar negativas si ante una disminución del número de personas contribuyentes se pretende incrementar o mantener la capacidad adquisitiva de los y las pensionistas incrementando las cotizaciones de los trabajadores y empresas. Para las empresas supondría un incremento de los costes laborales que, de trasladarse al precio de venta, implicaría una pérdida de competitividad, así como un potencial incremento de la inflación. Por otro lado, un aumento de las cotizaciones de los trabajadores implicaría una pérdida de su poder adquisitivo, lo que podría afectar a la demanda interna del país.

Consigue el libro aquí